Emilio Casares: «No somos unos gánsteres de la edición de partituras»

«¿Con tres ejemplos que citan (se mencionaba también «La calesera») se pueden cuestionar las 456 obras recuperadas, entre música de cámara, lírica y sinfónica», interroga Casares, responsable de la entidad creada por la SGAE en 1992 con la colaboración de la Universidad Complutense, el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid. «Espero que esta labor no quede reducida simplemente a que somos unos gánsteres de la edición».

Para evitar los errores, explica Casares que cuentan con el apoyo de las orquestas que interpretan dichas partituras. «Las tocan antes de editarlas y nos avisan de las erratas que contienen y nosotros las corregimos. Todas lo hacen menos una, la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Orcam)», puntualiza, institución que hace casi dos años decidió crear su propia editorial, que dirige Culla, asentada en la calidad y en cobrar un porcentaje menor de derechos de autor, el 5 por ciento frente al 10 de otras entidades.

Las zarzuelas, de la SGAE

Si bien Casares no se opone a que haya competencia, es concluyente cuando afirma que «todas las zarzuelas, mientras nadie diga la contrario, pertenecen a la SGAE, que desde su fundación recibe toda la obra de todos los autores españoles, que al asociarse a ella le ceden el derecho exclusivo de «copia, alquiler y venta» de sus obras. Esto significa que si alguien en España dice tener materiales de orquesta de zarzuela los posee de manera «irregular». Las compañías, orquestas o teatros tenían y tienen la obligación de devolver esos materiales una vez finalizadas las representaciones».

Lo cierto es que antes del nacimiento del ICCMU, muchas obras estaban en malas condiciones pero también es cierto que muchas eran de dominio público, libres de derechos. Tras ser revisadas en una edición crítica, han vuelto a pasar por caja para cobrar un 10% de derechos de autor -no los compositores de la obra sino quienes la han revisado y la SGAE- por un periodo de 25 años, según marca la Ley de Propiedad Intelectual. Pero Casares insiste en que el ICCMU es una institución sin ánimo de lucro, «por obligación legal», y que pierde dinero. «Cada año la SGAE, cobrados los derechos de autor y los alquileres de partituras, tiene que poner entre 150.000 y 200.000 euros más para las ediciones», que edita Iberautor, propiedad de la SGAE. «Nuestro deber es explotar un legado olvidado», sostiene.

Las declaraciones de Culla y unas anteriormente realizadas por el propio Casares han removido los cimientos de algunos teatros y algunas editoriales, socias de la SGAE. Hace unas semanas Casares desvelaba que la entidad de gestión paga 100.000 euros al Teatro Real por cada título revisado por el ICCMU que representa, cerrando así la opción a otras editoriales. Un gesto que no se repite en todos los teatros por igual y que ha provocado cierto malestar al conocer este tipo de convenios.

Teatros importantes

«Me interesan solamente los teatros importantes, porque para que mi acción cultural trascienda no puedo ir a un teatro cualquiera. Tengo que ir al Real, al Liceo, a teatros que garantizan la asistencia de 12.000 espectadores. Es una acción de mercadotecnia que consiste en devolver al teatro el costo de los derechos de autor, porque lo consideramos justo», subraya.