Las entidades de gestión denuncian que el Gobierno ha convertido en «ilegales» las copias privadas

Según el comunicado, el anteproyecto «perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada». En este sentido, las entidades advierten que «solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días. Las copias que sean realizadas a través de internet serán consideradas actos ilícitos a perseguir».

Las multinacionales del sector tecnológico salen beneficiadas con esta reforma parcial «al consolidar un modelo de copia privada que carga a los Presupuestos Generales del Estado un precio simbólico y exonera del pago, en contra de todos los criterios sentados en la UE, a los verdaderos causantes del daño objeto de indemnización: las empresas multinacionales que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por la propiedad Intelectual».

Las entidades de gestión denuncian que la Secretaría de Estado de Cultura propone una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual «sin contar con los titulares de los derechos ni con los ciudadanos, de manera que ahora el sector tecnológico va a dictar las reglas del juego del sector cultural». El nuevo modelo de copia privada que pretende consolidar el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, «supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan, incluso hayan hecho o no copias privadas. Este sistema se convierte en el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado miembro de la Unión Europea».

En el comunicado se califica de improvisación el proceder del Gobierno, «que ha sido objeto de una denuncia ante Bruselas por las entidades de gestión, genera una desigualdad de trato manifiesta con los ciudadanos de los otros países miembros. En este mismo Proyecto de Ley se establecen unas medidas respecto de las entidades de gestión que ni responden a la realidad ni son conformes a Derecho». En este sentido, «muchas de las medidas que se incorporan en este Proyecto de Ley no sólo no garantizan esta transparencia sino que están claramente dirigidas a perturbar la gestión que hemos de realizar en defensa del interés general».

Las entidades denuncian, asimismo, que «tampoco se han tenido en cuenta las Directivas Comunitarias que está preparando la Comisión Europea, tanto en materia de copia privada como en materia de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual». Por todo ello, «todas las instituciones que representan en España a más de un millón de creadores, nacionales y extranjeros, instan al Gobierno para que se plantee un giro en su política cultural, tal cual lo está haciendo en otros sectores, de sabios es rectificar, y convoque a los afectos para que juntos se alcancen los compromisos necesarios para remar todos en la misma dirección que exige el interés general»