Críticas del Consejo de Estado al anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual

En el Ministerio prefieren realizar una lectura positiva de las consideraciones que el Consejo de Estado, por unanimidad, les hace («no constan observaciones con carácter esencial», dicen en una nota). El informe no es vinculante, pero aún así, el ministro José Ignacio Wert había expresado ayer su convicción de que la nueva ley será aprobada por el Consejo de Ministros en un mes y de que se van a contemplar algunas de las puntualizaciones del órgano consultivo. Pero lo cierto es que el Consejo afea la redacción de algunos artículos.

El dictamen expresa que la reducción de la copia privada amparada por la ley «puede situar a un importante número de ciudadanos ante una situación en la práctica de ilicitud (...), situación que no se acompaña de las suficientes medidas dirigidas a evitarla». También critica la redacción de algunos artículos, el uso de conceptos jurídicos indeterminados.

Añade que «deben extremarse las cautelas en la definición del límite de copia privada y en la correlativa implantación del sistema», en el que encuentra dudas sobre la equidad de su «configuración presupuestaria» en el caso de que la cantidad no alcance lo exigido «por el derecho europeo». «Debe revisarse la configuración que el anteproyecto hace de estas dos importantes materias», apostilla.

Y sobre las entidades de gestión, el dictamen detecta falta de coherencia con la directiva europea, por la creación de una figura de «operadores» para la gestión de derechos que «no existen ni en la exposición de motivos ni en la memoria». Afirma que no se ha reflexionado sobre ello y no debe «menospreciarse el impacto (...) de un nuevo agente con ánimo de lucro». Ya que se reforma, el régimen debe ser «claro y de perfiles definidos», concluye.

Según una nota de la Secretaría de Estado de Cultura, el informe del Consejo de Estado reconoce que el anteproyecto de ley «trata de avanzar en la configuración de un régimen jurídico de la propiedad intelectual acorde con los cambios normativos recientes y con los más novedosos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».

Además, sigue la nota, el informe valora positivamente diversos aspectos «sobre la transparencia y eficacia de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual contenidos en el anteproyecto de Ley, como son la inclusión de reglas en esta materia, la función social de las entidades de gestión o el régimen de obligaciones de las mismas».

El texto respalda la mejora de los mecanismos para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones en internet, y aprecia la introducción de nuevas acciones y medidas cautelares. Expresa diversas recomendaciones para hacer más efectiva la salvaguarda de estos derechos en internet (Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual) y estima de manera favorable la modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil.

El cuanto al sistema de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es admisible y encaja en el derecho europeo, siempre y cuando se tengan en cuenta elementos de especial significación previstos en la directiva europea como son su carácter equitativo y la suficiencia de los créditos presupuestarios.

Por su parte el Consejo alerta contra la tensión entre las leyes de España y la UE porque el TJUE «no obligaba a alterar en lo esencial el sistema de compensación equitativa basado en el canon». Añade que deben extremarse las cautelas para que los titulares reciban una compensación equitativa. La reducción del ámbito de la copia privada ha reducido drásticamente la cuantía y puede obligar a tramitar modificaciones de créditos anualmente.

Aunque en el dictamen se valora la transparencia, deben ser mejorados aspectos para que exista la necesaria seguridad jurídica y hay que revisar la nueva figura del «operador en el mercado de gestión colectiva voluntaria» cuyo régimen jurídico carece de la imprescindible precisión, rigor y claridad. Se pide un régimen jurídico sistemático para las tarifas.

Pide que a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (la de la «ley Sinde») se la dote con personal y se determine en la ley los requisitos exigibles a sus miembros, que son designados por los ministerios. También exhorta a deslindar su función del ámbito que se anuncia en la última reforma del Código Penal.

El Consejo de Estado es consciente de la dificultad que entraña esta ley y quiere «extremar el rigor en la redacción» y tener en cuenta las directivas que la UE tiene sobre esta materia. Advierte defectos para la transposición del tema de las obras huérfanas.