La Iglesia cuenta con nuevos informes jurídicos de su titularidad sobre la Mezquita-Catedral

Según ha podido saber ABC de fuentes eclesiásticas, se trata de un exhaustivo y denso dossier que incluye dos nuevos informes jurídicos realizados por expertos en Derecho Civil para defender la legalidad de la inscripción en 2006 del edificio —y otros muchos— bajo la Ley Hipotecaria de 1998 —vía jurisprudencia del Tribunal Supremo—, en un trámite denominado «inmatriculación» en el Registro de la Propiedad. De igual modo, la constitucionalidad de la vía empleada por el Cabildo para esta inscripción y la defensa de su gestión en el templo y monumento desde tiempo inmemorial.

Las fuentes consultadas por este periódico también apuntan a un completo estudio histórico que justifica y legitima la gestión de este bien patrimonial desde hace casi ocho siglos, remontándose, incluso, a la base previa de la construcción de la mezquita con la basílica de San Vicente. En este sentido, la parte arquitectónica viene a especificar la importancia de las intervenciones pretéritas y presentes para preservar los valores y singularidades que la Unesco subrayó en su declaración del monumento como Patrimonio de la Humanidad. Lo que los propios arquitectos conservadores que trabajan con el Cabildo y la argumentación de la Unesco definen como un edificio único en el mundo, abanico de estilos y culturas.

El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez, que fuera candidato del PA en las últimas elecciones autonómicas y vinculado en su día a la Alianza de las Civilizaciones, es uno de los portavoces de la plataforma que exige el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, la «gestión pública y transparente» de la misma y la redacción de un código de buenas prácticas «para evitar acciones que perjudiquen la imagen y significado del monumento», reza en el documento que sirve de soporte a la recogida de firmas (cerca de 80.000).

El propio Rodríguez, en declaraciones a Efe, cree que la inmatriculación realizada por la Iglesia en 2006 es una «presunción de posesión, pero en absoluto indica que sea la dueña del bien». «La gestión de un bien no está relacionada con la titularidad, y la Mezquita es un bien público porque su construcción, mantenimiento y restauración la hicieron distintos gobiernos, y en ello no se invirtió dinero, bienes o materiales de la Iglesia Católica». Este docente estima que se ha producido una «apropiación simbólica de manera clandestina» por parte del Cabildo.