El Gobierno impide que se acabe el contrato de un centenar de investigadores

Se trata de un real decreto ley con el que, además de aprobar la reactivación extraordinaria del Plan Prepara (programa de recualificación profesional para desempleados de larga duración), el Ejecutivo modifica una disposición adicional de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 .

Su finalidad, «poner negro sobre blanco y delimitar claramente» qué entidades del sector público pueden formalizar contratos de obra o servicio determinado con una duración superior a tres años sin necesidad de permisos especiales, según fuentes del Ejecutivo.

Y es que, «con la redacción anterior podían surgir dudas sobre la aplicación de esta excepción en determinadas entidades del sector público, como fundaciones, consorcios y otros agentes de ejecución del sistema de ciencia e innovación», según las mismas fuentes.

Así lo habían entendido organismos como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) o el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que buscaban solución para renovar el contrato de cerca de un centenar de investigadores.