«Desde 2015, el rubro de la justicia española no ha hecho más que retroceder»

-Paz, justicia e instituciones sólidas. Este es el nombre del ODS 16, ¿cómo ve su desarrollo?

-Este es uno de los que menos ha progresado desde 2015. Todavía nos queda tiempo hasta 2030, pero es que tiene dos dificultades estructurales. Uno de los ODS más políticos y de los que afectan a sus intereses y eso les compromete. Además, es uno de los más caros, porque la implementación de sus medidas cuesta dinero hay que meterlo en presupuestos y los gobiernos y los parlamentos a veces son renuentes.

-¿Y por qué cuesta dinero?

-Cuesta dinero porque un servicio eficiente de seguridad y justicia que es fundamental para la gobernabilidad de las sociedades abiertas y los mecanismos de transparencia, de publicidad, de acceso a la información, de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, pues requieren un desembolso presupuestario muy importante. El acceso a la justicia, que es uno de los aspectos donde estamos más retrasados, cuesta mucho dinero, porque tienes que implementar servicios para que los ciudadanos puedan acudir a la justicia y obtener una respuesta satisfactoria, entendiendo por satisfactoria que aquello que demandan tenga una solución razonable y ajustada a derecho.

-¿Hay algún otro freno más?

-No, yo creo que es eso: voluntad política. Naturalmente en los países en desarrollo y en sociedades incipientemente democráticas hay una alergia de las instituciones a la transparencia, a mostrarse y, sobre todo, a dejarse controlar. El Poder Judicial, si algo debe hacer, es controlar al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces, como digo, hay resistencias políticas porque es un pilar muy político y también hay problemas presupuestarios porque implementarlo de una manera eficiente cuesta muy caro.

-Poco optimista para que se cumpla este objetivo en 2030...

-Obtenerlo totalmente es materialmente posible, pero se pueden introducir mejoras. Vamos a decir, por ejemplo, una de las situaciones más escandalosas, más violatoria de los derechos humanos, es la prisión preventiva. No es aceptable que una persona acusada de un delito, por graves que sean los indicios, esté meses o años en prisión preventiva sin ser juzgada y sin recibir una sentencia condenatoria que nos permita restablecer la seguridad jurídica. El promedio mundial es del 30%, es decir, es inocente mientras no se demuestre lo contrario. De manera que tenemos un 30% de presos que son potencialmente inocentes y eso es una situación insostenible. Claro, si vamos a los países más democráticos, más desarrollados, Europa, la Unión Europea, por ejemplo, ese índice baja a un 20%, que sigue siendo muy alto. España lo baja a un 15%. En ese sentido estamos comparativamente bien, pero deja de ser, no deja de ser injustificable.

-Una de las metas de este ODS es acabar con la corrupción. Usted es una de las personas que más ha luchado por la corrupción dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Es realista conseguir acabar la corrupción?

-Creo que sí, lo que pasa es que normalmente la lucha contra la corrupción se enfoca de una manera equivocada en la persecución penal. Esta puede darnos la solución para un 15 o un 20% del problema. La corrupción como de verdad se combate es con transparencia y con instituciones fuertes que rinden cuentas y ahí no es que erradicamos la corrupción, erradicamos las condiciones en las que la corrupción se hace endémica y se enquista en el funcionamiento de las sociedades. Da igual las sociedades modernas que las sociedades en desarrollo. He vivido en Latinoamérica y te das cuenta de que la seguridad y la justicia es miserable desde el punto de vista presupuestario. De modo que es muy proclive a la corrupción porque tienen sueldos muy bajos y porque tienen prestaciones muy peligrosas y muy caras. Están enfrente del crimen organizado, cobrando un salario mísero. Esas son las condiciones que propician que la corrupción sea endémica y se arraigue en el funcionamiento de una sociedad. Entonces hay que poner los recursos, hay que invertir en cárceles, por ejemplo, para que las cárceles no sean universidades del crimen. Pero eso es impopular. Ningún político cerca de la campaña dice voy a gastar un montón de millones en construir una cárcel.

-Y ahora todo lo que está pasando con el tema judicial en España, ¿eso merma la credibilidad de nuestras instituciones?

-Totalmente. Así como en la paz, en la gobernabilidad, en la transparencia, estamos más o menos en el promedio europeo, en lo que se refiere a nuestro Poder Judicial desde que ha empezado el recuento de 2015 en adelante, hasta ahora que estamos a mitad de los cumplimientos del objetivo, el rubro de la justicia en España no ha hecho más que retroceder. Tenemos un Poder Judicial desgobernado, es decir, durante todos los objetivos del Milenio transcurridos hasta ahora sin gobierno judicial y no hay ninguna expectativa de que se vaya a renovar. Eso produce, además, que haya un montón de vacantes en el Tribunal Supremo. La política se salió de los cauces políticos y se judicializó, pues con eso politizamos también la justicia, desgraciadamente como un efecto colateral o secundario. Y no solo eso, seguimos teniendo un número de jueces y un número de fiscales muy por debajo de la media europea, estamos en la cola.

-¿Hay pérdida de credibilidad? ¿Cómo se puede combatir eso?

-Eso hay que preguntárselo a los responsables políticos, porque hay un dato que me parece que es elocuente y que normalmente pasa desapercibido. El último Juzgado Central de Instrucción en la Audiencia Nacional se creó en 1995-96, o sea, hace casi 30 años. Cómo puede ser que con la inmensa cantidad de asuntos nuevos, extremadamente complejos, nadie se haya parado a pensar que puede ser que la concentración de ese enorme poder jurídico con relevancia política en seis personas, en los jueces centrales de la Audiencia Nacional. Se necesita reconsiderar el modelo, porque esos magistrados no pueden atender las enormes causas de corrupción que instruyen, con lo cual en realidad las instruyen detrás de ellos los fiscales. Pero los fiscales, a su vez, tampoco pueden procesar toda la ingente cantidad de información que generan, de prueba documental, de escuchas telefónicas que generan estas macrocausas de corrupción y, por lo tanto, son las unidades de la Policía y de la Guardia Civil quiénes de verdad depuran la información y dicen en definitiva, quién debe ser procesado.

-¿Esto también ocurre a nivel europeo o en las instituciones europeas?

-Unos países están mejores que otros. Ahora mismo, por ejemplo, se señala como el problema más acuciante el de la situación del Poder Judicial en Polonia. Es un gobierno elegido democráticamente, que está de alguna manera interfiriendo en la independencia de la Justicia, al punto de que en los últimos cuatro años han destituido al 25% de los jueces del país, han destituido la Corte de Constitucionalidad entera y han nombrado jueces afines al Gobierno. Eso es una enfermedad. Polonia está en una situación aguda, pero nosotros estamos bastante graves también.

-En el ODS 16 se habla de alcanzar el concepto de justicia universal. ¿Existe o es algo etéreo?

-Existe en la ley, pero en la española concretamente no porque desapareció hace años por presiones de Estados Unidos y China durante los últimos años de Zapatero y los primeros de Rajoy. Eso hace que no tengamos jurisdicción universal, pero los países más democráticos y más desarrollados funciona el principio de jurisdicción universal sobre la base de entender que hay valores que tenemos que proteger entre todos porque son titularidad de todos. Es decir, que si un crimen es contra la humanidad, cualquier tribunal del mundo tiene el derecho y el deber de perseguirl. Ese principio existe, pero todo es política por naturaleza. Es decir, si la justicia a nivel doméstico depende de los gobiernos, la justicia a nivel internacional depende de los Estados. El Estatuto de Roma, el de la Corte Penal Internacional le da enormes poderes e independencia al tribunal y al fiscal, pero no le da los recursos porque el Estatuto no le permite ordenar la detención de nadie, ni entradas y registros, ni intervenciones telefónicas, ni confiscación de bienes. Entonces, las herramientas para ejercer la jurisdicción que le han dado al fiscal y a la Corte siguen en manos de los Estados. Es muy eficiente, si estos colaboran. Demasiadas veces existe un doble rasero. Por ejemplo vemos cómo se produce la situación de Libia con Gadafi y la de Siria con Al Assad. Ambas van al Consejo de Seguridad y éste decide enviar a la Corte Penal la de Libia y no la de Siria. ¿Cuál es la explicación de eso? Es puramente política, no hay otra porque no hay ninguna diferencia legal. En ambos sitios estaban cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Ambos casos debieron llegar a la Corte Penal y llegó sólo uno.

-Eso puede pasar con Rusia.

-Con Rusia parece que han empezado con mucho entusiasmo, pero vamos a ver cómo termina la historia.