El Gobierno ofrecerá a Bruselas la unidad de mercado como la próxima gran reforma

Una de las normas de mayor trascendencia que exige Europa es la de la unidad de mercado. Se trata de derogar buena parte de la legislación autonómica, local e incluso estatal que provoca que una empresa tenga que cumplir normativas distintas dependiendo de la región en la que se instale, aumentando sus costes y mermando considerablemente su competitividad.

De hecho, según un informe de la CEOE, esta maraña legislativa le cuesta unos 45.000 millones de euros a la economía española cada año. Hay inversiones y negocios que dejan de instalarse por este enorme coste. El objetivo es que vuelva a haber normas comunes en toda España para abrir negocios, etiquetar productos, y un largo etcétera de exigencias a las que se enfrentan cada día las empresas. Y hay modelos a seguir. Comercio estudia el de Canadá y el de Alemania para implantarlo en España.

El Ejecutivo avanzará también en la polémica liberalización de los servicios profesionales, aunque sin acabar con la colegiación obligatoria.

Junto a estas dos normas y las que ya se han puesto sobre la mesa, como la reforma educativa, que era otro de los requisitos, la relación de las exigenciasde la Comisión Europea como lista de las condiciones p ara que el BCE intervenga en el mercado secundario de la deuda incluye esencialmente los aspectos más relevantes de sus últimas recomendaciones. Según fuentes de la Comisión, en sus reuniones con el Gobierno sus expertos solamente insisten en los objetivos, pero dejan a las autoridades españolas la determinación de las fórmulas y los medios mas adecuados para cumplirlos, aunque además exigen fechas concretas para hacerlo.

A la Comisión le preocupa mucho que se no se pongan en marcha políticas activas de empleo, y aunque no dice exactamente si se deben introducir mecanismos coercitivos en el subsidio de desempleo para favorecer la búsqueda de trabajo, fuentes europeas insisten en que consideran que las reformas deben ir en esa dirección.

Igualmente en lo que se refiere a la desvinculación de los convenios colectivos y el salario a las variaciones del IPC , y sugieren también llevar a cabo una «estricta evaluación» de los efectos de la reforma laboral por si hubiera que hacer modificaciones.

Otras de las recomendaciones que ha puesto la Comisión sobre la mesa es la orientación de las infraestructuras existentes al principio de «paga el usuario», que es como decir que se instauren peajes.