La crisis también afecta a los sobornos de los funcionarios públicos griegos

Los sobornos que pagan los griegos con más frecuencia son los referentes a la recaudación fiscal y a la salud pública. «La crisis no ha reducido la corrupción en sí, pero sí el precio de dicha corrupción», declaró Rakintzis en televisión. El Inspector General afirmó que los empleados públicos han bajado los cachés, reflejando de esta forma la situación de la mayoría de los griegos que han visto como sus ingresos se reducen entre el 20 y el 40 por ciento comparado con el 2009.

De los 1.403 casos de corrupción y sobornos investigados, se refleja que los mas frecuentes son los empleados de las oficinas de recaudación fiscal y relacionados con la sanidad pública, incluyendo altos funcionarios y profesionales médicos con muchos años de experiencia. De éstos, 393 han sido llevados ante la justicia. Lo que supone un 10% más de casos comparados con 2010, lo que demuestra que se inspeccionan más irregularidades al año.

El informe muestra ejemplos como el de un funcionario en las oficinas fiscales que entregó un certificado de pago de impuestos el año pasado a una persona que adeudaba más de 178.000 euros, y el de un empleado del Ministerio de Exteriores que facilitaba visados a personas que no cumplían los requisitos pertinentes para entrar en el país.

Rakintzis es fiscal y desde el 2004 tiene el cargo de Inspector General de la Administración Pública, un organismo independiente que tiene el poder de investigar y controlar las declaraciones de patrimonio e ingresos de todos los empleados públicos para comprobar si reflejan o no su sueldo y situación familiar. Ha destacado que la lucha contra la corrupción es «larga, difícil y dolorosa , exigiendo una voluntad política persistente debido a los muchos obstáculos existentes». Describió como obstáculos la burocracia así como las demandas interpuestas por los propios acusados. Aprovechó la presentación de este informe para denunciar el reciente cambio en temas disciplinarios estatales que le ha retirado el derecho de apelar contra decisiones «clementes» de comités disciplinarios estatales, que según él aumentan la impunidad y la corrupción de los empleados públicos.