España refuerza la Agencia Estatal Antidopaje y endurece la ley

La celeridad tiene que ver, según explicó el ministro, con la candidatura de los Juegos Olímpicos para Madrid en 2020. El dopaje mutiló las opciones de la capital en la elección de 2012 y obligó a una revisión de la ley en 2016 para adaptar la norma española a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Ahora los plazos aprietan. El próximo 23 de mayo Madrid 2020 tiene que pasar la primera criba en Quebec. Si no cumple con los preceptos de la AMA en materia de dopaje, no pasará el corte .

La reforma de la ley Orgánica de protección de la salud y lucha contra el dopaje, basada en el proyecto del anterior Gobierno, traslada a España a la primera división. Y el modelo se endurece. El Gobierno hará suyos muchos de los reglamentos que han contribuido a la condena de Contador por parte del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

El Ejecutivo pretende adaptar el contenido de la ley al Código Mundial Antidopaje 2009 desarrollado por la AMA y consolidar las competencias de la «policía española» en este apartado, la Agencia Estatal Antidopaje, desprovista hasta ahora de mayores funciones. El organismo que preside Javier Martín del Burgo saldrá muy reforzado con esta remodelación, ya que adquiere competencias sancionadoras, hasta ahora en poder de las respectivas federaciones nacionales.

También se quieren evitar desajustes como los que se han producido en la Operación Puerto o en la Galgo. La Agencia Estatal podrá personarse en los procesos penales que se sigan en conductas presuntamente delictivas en materia de dopaje y solicitar los testimonios de las pruebas. En concreto, se habilitará legalmente que los juzgados den traslado a la Agencia de las pruebas requisadas durante la fase de instrucción. La regulación pretende evitar que un proceso penal, como la Puerto o la Galgo, obstaculice la apertura de procedimientos administrativos sancionadores.

La Agencia Estatal Antidopaje se consolidará como la única organización deportiva con competencias en la materia , tal y como sucede en casi todos los países del entorno español sometidos a la acción de la Agencia Mundial.

La reforma desarrollará el balance de probabilidades, por el que se permite que el deportista demuestre que no existió culpa o negligencia por su parte respecto a una sustancia prohibida hallada en su cuerpo, y con ello que se atenúe o se excluya la responsabilidad. Por tanto, la sanción puede aminorar, ser excluida o ser definitiva.

La ley establece expresamente que la imposición de un castigo en materia de dopaje implica la obligatoria pérdida de apoyos financieros públicos y el reintegro de los premios obtenidos.

Los deportistas no estarán obligados a remitir su localización por duplicado, en España y en el extranjero, después del establecimiento del sistema ADAMS. Y sólo habrá castigo cuando un deportista esté ilocalizado tres veces en un plazo de dieciocho meses.