El PSOE da por bueno que el carbón eche el cierre en 2018

La decisión, con la que no está de acuerdo ni la Junta, ni las empresas, ni los mineros, «supone que la minería española va a tener ayudas aceptadas por la UE, que les va a permitir la apertura de esas minas más de lo que en principio se pensaba y más de lo que se había permitido», explicó el secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido. La medida incluye un calendario para la retirada progresiva de los subsidios, de manera que se garanticen reducciones de al menos el 25% en 2013, 40% en 2015, 60% en 2016, 75% en 2017 y 100% a más tardar el 31 de diciembre de 2018. «Es una buena noticia para el conjunto de la minería y especialmente para la minería de carbón», declaró López Garrido.

También destacó que la fecha de 2018 supone «un avance» que España ha conseguido «con ayuda de otros países como Alemania» y la Comisión Europea. La legislación supondrá el cierre definitivo de las minas no competitivas en 2018 «y, para ello, el estado va a ayudar a que se mantengan esas minas, primero, y que puedan cerrarse después, con los gastos que lleva aparejados», explicó López Garrido. El comisario Europeo de Competencia, el también socialista Joaquín Almunia, ya recalcó el miércoles que, si la CE aceptaba permitir las ayudas durante cuatro años más, los países deberían comprometerse a mantener la reducción lineal y los demás principios que había marcado Bruselas en julio.

Una visión muy diferente es la que se mantiene en Castilla y León. Después de que en los últimos días se pidiera al Gobierno central que se vetara esta resolución y se tratara de prolongar el debate, ayer mismo, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llegó a expresar su temor ante la posibilidad de que haya una marcha atrás en el Consejo de Ministros de Europa —previsto para el día 18 y que, en principio, debe ratificar lo acordado—. Herrera significó a este respecto que el sector del carbón es la clave social y económica en las provincias de Palencia y León y recordó que el problema de este sector comenzó con la desaparición de los incentivos al consumo del carbón autóctono que estableció el PP en 1997 y que ha sido suspendido «frívolamente».

Por su parte, el europarlamentario del Partido Popular, Agustín Díaz de Mera, lamentó que la aprobación del nuevo reglamento pueda suponer «la prolongación de la agonía del sector», y advirtió que «podría significar el cierre de numerosas industrias leonesas y palentinas». Díaz de Mera consideró que el plazo propuesto —hasta 2018, y no hasta 2022, como defendía el PP— podría conllevar el cierre de industrias en León y Palencia, «máxime si tenemos en cuenta que las industrias no competitivas que no procedan al cierre en la fecha límite deberían devolver todas las ayudas percibidas».