OSCURANTISMO E INSEGURIDAD

La competencia en el Estado español para autorizar estas pruebas a campo abierto es del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (Marm). Los mecanismos de control y aprobación son sesgados, insuficientes y dominados por la industria. Así, la Comisión Nacional de Bioseguridad, dependiente del Ministerio, es la encargada de elaborar los informes que dan el visto bueno a los experimentos con transgénicos. De sus 46 miembros, tan sólo siete son representantes científicos. El resto, cercanos a la agroindustria. Monsanto, Dupont, Syngenta, Dow o Bayer controlan el 75 por ciento de las patentes y el cien por cien de los productos agrobiotecnológicos y, entre ellas, se reparten distintas comunidades autonómicas para sus ensayos. Según las últimas solicitudes publicadas por el Ministerio, entre 2009 y 2011, hasta 100 localidades de toda España se habrán convertido temporalmente (de 6 a 12 meses) en laboratorios de la agroindustria. Los campos de prueba son, normalmente, parcelas arrendadas por las multinacionales a agricultores y agricultoras para probar nuevas variedades transgénicas (millo, papa, remolacha o algodón, entre otras). Ensayos que forman parte de los protocolos previos para autorizar el cultivo de nuevas variedades de OGM.

En las solicitudes se recogen unos protocolos de seguridad como la eliminación de la muestra. «Tras finalizar la cosecha, las plantas se destruirán por un medio adecuado, generalmente por trituración o enterramiento», expone Monsanto en uno de sus pliegos para plantar maíz Nk603. Un proceso por el que ya pasó el maíz MON810, el único transgénico que se cultiva en España de manera legal, pese al rechazo popular que tuvo por sus consecuencias sociales o medioambientales. De hecho, en octubre de 2009, el Marm reconocía por primera vez la existencia de personas afectadas por contaminación de sus cultivos con maíz transgénico MON810. Un peligro que se multiplica por su falta de garantías, ya que ni siquiera pasan por un trámite previo que evalúe su seguridad.

Además, no se le puede llamar eliminación de residuos a la «trituración y enterramiento». Esa contaminación queda en el suelo. El Ministerio sabe que hay parcelas con organismos transgénicos enterrados. Además, los principios de precaución no garantizan absolutamente nada. Sabemos por estudios que 200 metros de distancia con otros cultivos no es una barrera real de seguridad. Estos protocolos de ensayos y de residuos son los que las multinacionales proponen. Hoy, España es la puerta de entrada de los transgénicos a Europa, con la connivencia del Gobierno socialista. Mientras, el PP considera el cultivo transgénico como «el elemento de más competitividad de la agricultura española». No es casualidad que ambas formaciones, en mayo, rechazaran declarar Galicia zona libre de transgénico.