La reforma estatutaria «a la Rivero» no pasará el trámite parlamentario

Fuentes parlamentarias del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) y del Partido Popular (PP) aseguraron ayer a este periódico que ese proyecto de ley tal y como está «no tiene el menor futuro» de llegar a convertirse en una norma sancionada por la Cámara. «Así como está, va a la papelera», afirmó un diputado. Tanto unos como otros ven en el duro dictamen en contra del Consejo Consultivo de Canarias (CCC) —del que ABC se hacía eco en su edición de ayer— suficientes razones como para no haber insistido en el proyecto de ley.

Sin embargo, el inspirador del proyecto, el secretario general de la Presidencia, Fernando Ríos, se reafirmó en su idea de seguir adelante, por lo que fue necesario explicar, en un escrito adjunto, las notas al dictamen del CCC. Cuando en un proyecto de ley no se recogen las observaciones del órgano de consulta es necesario detallar el porqué en cada uno de los casos.

Aún a la espera de que el proyecto enviado por el Gobierno el 23 de septiembre llegue al pleno de la Cámara, el panorama no se presenta alentador para sus impulsores. Impuesto en el Consejo de Gobierno como si fuera una más de las condiciones del pacto, Coalición Canaria (CC) consiguió que se aprobase su remisión, pero nada indica hoy que las vaya a tener todas consigo en el trámite parlamentario.

«Este proyecto es un disparate legal, una payasada insostenible jurídicamente», resumía ayer de manera tajante un diputado regional del PP, quien incluso auguraba que por este asunto habría nuevos roces con CC, a apenas una semana de los producidos a cuenta de la reforma del REF. Del lado del PSOE, las fuentes se mostraron más moderadas en el vocabulario, pero no menos contundentes en sus razones: «No vamos a permitir que pretendan renovar el Estatuto de Autonomía por esta vía rápida, con este «plan riveretxe» —en alusión al frustrado plan del ex lendakari vasco Ibarretxe—, que no cuenta con el menor consenso siquiera dentro del pacto y que trata de construir una figura del presidente regional por completo desproporcionada en sus funciones».

Tanto desde uno como desde otro grupo parlamentario se coincidía en reclamar a CC algo más de «cordura» a la hora de llevar sus proyectos al Parlamento. «La única esperanza que nos queda es que los juristas de CC pongan algo de criterio y sensatez en esto y que tengan en cuenta todas las recomendaciones del Consejo Consultivo». El dictamen del CCC al proyecto de ley, denominado «De la Presidencia y del Gobierno de Canarias», marca claramente los excesos del texto preparado por Ríos y pone pegas a aspectos destinados a incrementar el poder y las competencias de la Presidencia y el Gobierno regional. La disolución de la Cámara regional es uno de ellos, que sí se había incluido en la frustrada reforma estatutaria, pero sobre el que el órgano de consulta dice que «debe estar prevista en la Norma estatutaria, sin que ello pueda obviarse, como se pretende en el Proyecto de Ley».

Si bien su derrotero dentro del propio Gobierno regional ha sido muy tortuoso —algo de lo que informará en detalle ABC en su edición de mañana—, el proyecto de ley, del que el Consultivo dice que «se considera conforme a Derecho» —no obstante las observaciones de mucho calado que hace— deberá seguir un recorrido que no se presenta fácil en la Cámara regional.

A la resistencia de los grupos parlamentarios del PP y el PSOE se sumará el calendario del propio Parlamento, al que no le quedan más que escasos tres meses hábiles para tramitar el proyecto. Aún a falta de que consiga colarse en el orden del día de un pleno suena difícil que la norma pueda ver la luz finalmente.