Bolivia aprueba muy dividida la Carta Magna de Morales

Seis meses después de superar, con el 67 por ciento de respaldo, el revocatorio de su mandato y al cumplirse tres años de su presidencia, a la que llegó con el 54 por ciento de los sufragios, Evo Morales vuelve a salir airoso en las urnas pero su victoria resulta amarga al no lograr un triunfo más representativo.

Si bien le bastaba el 50 por ciento más uno de los votos para celebrar la victoria, al tratarse de una Constitución el resultado exige, a juicio de los analistas, «reflexión, cordura y prudencia» a la hora de intentar imponer un texto que, según los últimos datos oficiales, rechazan cuatro ó cinco regiones de las nueve que conforman el país. A este dato hay que sumar que Morales únicamente logró triunfar en dos de las nueve capitales de provincia: La Paz y Oruro, su lugar de nacimiento.

Regiones rebeldes

Estos resultados complican aún más el escenario boliviano y refuerzan la tesis de las regiones autonomistas que advirtieron antes de la votación que no reconocerían la futura Carta Magna si en sus territorios salía, como así ha sido, el «no», caso de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, ésta última en duda al cierre de esta edición.

En este contexto Morales dispone ya de las herramientas legales que le permitirán otro gran objetivo: presentarse a la reelección. La aprobación de la XVII Constitución Política del Estado, autoriza al actual presidente a renovar su mandato y tratar de aplicar una Ley de leyes de imposible cumplimiento a juicio, tanto de sus críticos, como de parte del Gobierno.

Algunos ministros del gabinete reconocen a micrófono cerrado el enredo legislativo de la Carta Magna pero confían en poder aprovechar de ésta los aspectos que les sean más favorables.

Para el constitucionalista Jorge Lazarte, «el Gobierno ha creado las condiciones de su propia ingobernabilidad. Habrá gente que empiece a aplicar a su libre albedrio la creación de las Autonomías sin esperar a que se desarrollen las leyes orgánicas».

Votar dos veces

Considerada «racista» y «discriminatoria» por los críticos, la historiadora Jimena Costas, advierte que tal y como está ahora redactada la Constitución, «los mestizos, que suman el 63 por ciento de la población, sólo tendrán una representación del 38 por ciento en el futuro Parlamento». Jorge Lazarte y el analista Carlos Toranzo van más lejos al observar también que los indígenas «podrían votar dos veces. La primera por su condición de miembros de pueblos originarios y la segunda como ciudadanos bolivianos».

La discusión sobre quiénes pueden presentar su «DNI» de indígena sigue abierta en Bolivia. Según el último estudio de la Fundación Unir, el 80 por ciento de los bolivianos se considera mestizo y un 18 por ciento blanco, aunque más de la mitad de los primeros reconoce tener raíces quechuas o aymaras. Este tema es el único que logra sacar de sus casillas a Evo Morales, un sindicalista cocalero de 49 años, que llegó a la presidencia abrazado a la bandera del indigenismo pero que desconoce sus lenguas, incluido el aymara, pueblo con el que se identifica.

Declarado en la nueva Carta Magna un Estado «plurinacional», Bolivia se constituirá en 36 nacionalidades lo que provoca una situación «surrealista» según Toranzo mientras que para la ex diputada Erika Brockmann, esa declaración «reniega de la idea de nación boliviana y lejos de contribuir a construir la unidad en la diversidad, inducirá a la fragmentación y desencuentro nacional permanente».

Aparte cuestiones de ADN, la Constitución, en su afan estatista y recaudador, establece condiciones que, con certeza, auyentarán más si cabe las inversiones extranjeras. En el capítulo de los recursos naturales —todos nacionalizados o en procesos de nacionalización— y en concreto en el de los hidrocarburos, transforma, de facto, empresas como Repsol-Ypf en meras prestadoras de servicios con derecho a asociarse con el Estado para las ganancias pero no para compartir las pérdidas. La última parte del artículo 362 no deja lugar a dudas: «...La suscripción de estos contratos [entre petroleras y el Estado] no podrá significar en ningún caso pérdidas para el Estado». Asimismo, frente a cualquier desavenencia o litigio, prohibe a las empresas recurrir a instancias judiciales o arbitrajes internacionales como el Ciadi, centro de arreglos diferenciales entre inversionistas y estados que depende del Banco Mundial.

En un ambiente de desconfianza aunque de calma en la siempre agitada Bolivia, el referéndum de ayer, donde casi cuatro millones de bolivianos estaban en condiciones de sufragar, planteaba dos preguntas. Una dirigida exclusivamente a la aprobación de la Constitución y otra en la que se instaba a la población a que señalara el límite de la extensión de los latifundios. Las opciones eran dos: entre cinco y diez mil hectaréas. Triunfó la primera con un resplado del 73 por ciento.

Tanto el presidente como sus ministros acudieron a votar desde temprano. Igualmente hicieron algunos de los dirigentes más populares, como la prefecta (gobernadora) de Sucre. La indígena Savina Cuellar, ex miembro del Mas al que pertenece Evo Morales, instó a «votar en libertad». Opositora del Gobierno, realizó una declaración de principios contra la Constitución, «No somos cubanos, no queremos justicia comunitaria, somos católicos y creemos en Dios». La alusión iba directa a la influencia del régimen castrista, a la imposible convivencia que hace la Constitución entre justicia ordinaria y justicia indígena donde se acepta la violencia física y hasta la lapidación.