Podemos, contra la dispersión de presos que avalan jueces y gobiernos desde hace 25 años

En la misma línea, Carolina Bescansa declaraba este martes en una rueda de prensa la necesidad de que se aplique la normativa general y española «a todos los presos en las mismas condiciones». «La dispersión es excepcional y creemos que no existen motivos para seguir manteniendo una normativa excepcional », declaraba la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos.

La dispersión de terroristas es una estrategia puesta en marcha desde hace más de 25 años que tiene como objetivo romper el férreo control que ETA ejercía sobre sus reclusos . Defendida por los sucesivos Gobiernos en aras de facilitar la reinserción de los propios terroristas, siempre ha contado con el respaldo de los tribunales españoles.

Su origen data del año 1989 , bajo el Gobierno socialista de Felipe González. Siendo Enrique Múgica ministro de Justicia (Departamento del que antes dependían las prisiones) se apostó por la dispersión como medida para dividir el «frente de makos» (cárceles) de ETA. Hasta entonces los presos etarras estaban concentrados en las prisiones de Alcalá Meco (Madrid) y Herrera de la Mancha (Ciudad Real). A los etarras más irredentos se les trasladó a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, pero actualmente no hay ningún preso de la banda fuera de la península merced a diversas políticas de acercamientos llevados a cabo en estos más de 25 años de dispersión. La más importante la materializó el Gobierno de José María Aznar con el acercamiento de más de cien internos antes de la tregua de ETA de 1998 .

La dispersión situó en el centro de la diana de los terroristas tanto a los funcionarios de prisiones como a sus responsables . Prueba de ello fue el secuestro del funcionario Ortega Lara , el más duradero de la historia criminal de la banda con 532 días. También en 1996 ETA mató de un disparo en la nuca al hermano de Enrique Múgica, el histórico socialista vasco Fernando Múgica.

En la actualidad, un total de 356 etarras se encuentran repartidos en 48 cárceles españolas . Según los datos recogidos por Europa Press, solo cuatro de ellos están en prisiones del País Vasco. Quienes sí han sido acercados a lo largo de este tiempo son los presos que cumplieron los requisitos fijados en la Ley, es decir, romper con ETA, asumir el daño causado, pagar las indemnizaciones y colaborar con la Justicia.

En los últimos años quienes optaron por esta vía de reinserción (en torno a una veintena) fueron agrupados primero en la cárcel de Nanclares de la Oca y después en la de Zaballa, ambas en Álava. Es la denominada «Vía Nanclares». Paralelamente los presos que se mantuvieron en las filas de la banda dentro del EPPK (siglas en vasco del Colectivo de Presos de ETA) han intentado numerosas estrategias para lograr su acercamiento, pero siempre han contado con el rechazo de los jueces.

A nivel nacional la jurisprudencia fijada por los tribunales siempre se ha manifestado a favor del criterio de la Administración . La última intentona fallida tuvo lugar a finales del año pasado cuando el Colectivo de Presos de ETA anunció que iba a solicitar ante la vía judicial y no ante el Ministerio su acercamiento al País Vasco (una vía ya fracasada en 1996). La Audiencia Nacional rechazó de plano sus peticiones.

Esta cuestión se aborda en dos textos: La Ley Orgánica General Penitenciaria (del año 1979) y el Reglamento Penitenciario que la desarrolla. El artículo 12 de la Ley dice que «la ubicación de los establecimientos será fijada por la Administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen». Ese mismo artículo matiza que «en todo caso, se procurará que cada uno cuente con el número suficiente de aquéllos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados».

Esa recomendación a evitar el «desarraigo social» es la que reivindican quienes se oponen a la dispersión y defienden que los presos deben siempre cumplir su pena cerca de su entorno. No obstante, los partidarios de la dispersión replican que se trata de una recomendación y no una obligación legal y que es la Administración Penitenciaria la única competente para decidir dónde cumplen condena los presos.

El Reglamento Penitenciario, en su artículo 31, dice que Instituciones Penitenciarias «tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios». Siguiendo el mismo criterio en favor de la reinserción, la dispersión se aplica también a presos islamistas, miembros de grupos de crimen organizado o narcotraficantes.

El entorno de ETA reivindica algunas sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideran favorables a sus intereses. Es el caso de la sentencia Khodorkovskiy y Lebedev contra Rusia, de 25 de octubre de 2013, o la sentencia Vintman contra Ucrania, de 23 de octubre de 2014. No obstante, expertos en Derecho Penal Internacional consultados por Europa Press cuestionan que estos precedentes sean comparables con la situación de los presos de ETA.

Argumentan que la sentencia que condenó a Ucrania no hacía referencia a la distancia sino a que el afectado no había tenido tutela judicial efectiva (artículo 13 del Convenio) ante la petición de traslado, es decir, que no había tenido acceso a un procedimiento judicial respecto esa petición de traslado.

En cuanto a la condena a Rusia, la interpretación de estos expertos es que se debió a las condiciones de detención que sufrió el denunciante, pero no a la lejanía con respecto a su lugar de origen. Añaden estas fuentes que entre los derechos humanos no existe ninguno que haga alusión a cumplir condena cerca del lugar de origen.

El último pronunciamiento en el contexto Europeo se produjo el pasado 25 de enero de parte del Consejo de Europa -organización compuesta por 47 estados miembros de la Unión Europea-. Los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa Björn von Sydow (Suecia) y Andreas Gross (Suiza) habían registrado una pregunta el pasado 8 de julio en la que hacían alusión al coste y el peligro que la dispersión supone para las familias de los etarras.

En concreto preguntaban sobre la posibilidad de poner fin a esa política al tiempo que apelaban a la sentencia de Estrasburgo ya citada de Khodorkovskiy y Lebedev contra Rusia. Este martes, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha declarado que el Consejo de Europa en su respuesta de enero no puso objeciones a la política de dispersión de etarras.