El globo secesionista se desinfla

La advertencia enfática de los portavoces de la Comisión Europea la semana pasada, recordando que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE y de la zona euro, ha supuesto un golpe severísimo para la propaganda separatista. Ha hecho ver a la población catalana que salir de España supone la ruina.

Una Cataluña segregada perdería el 25% de su PIB. La comunidad es absolutamente dependiente de España. De entrada, no podría colocar su deuda, que tiene salida solo por el aval del Estado. Perdería los fondos europeos y el oxígeno del BCE a la banca. Se quedaría sin su mercado natural, porque vende más al resto de España que al resto del mundo. Sus productos perderían competitividad por los aranceles. La suma de parados y pensionistas catalanes es de 2,4 millones de personas. Cataluña independiente no generaría ingresos para darles las prestaciones que hoy reciben. Por último, la comunidad se convertiría en el cortijo familiar de los patricios del nacionalismo, habituados al nepotismo.

La ruptura nunca sería amistosa (de hecho, el pulso sedicioso ya ha generado un sordo malestar en el resto de España). Una Cataluña independiente dejaría malparada a su gran entidad financiera y desposeería a la comunidad del control del sector energético español, que ostenta gracias a las concesiones de sucesivos presidentes de España (hoy, por ejemplo, la energía hidroeléctrica de embalses leoneses o gallegos renta en Cataluña). Los grandes empresarios catalanes saben que la quimera de Junqueras y Mas les ha empezado a perjudicar. Por su parte, algunos inversores han comenzado a amenazar con elegir otros destinos. Falta todavía, eso sí, que los empresarios catalanes tengan la gallardía de remarcar en público que a la comunidad le conviene España, algo que hasta ahora solo ha hecho Lara.

Solo unos días después del desafío colorista de la cadena humana, los líderes del pulso separatista lucen mustios. Mas negocia bajo cuerda con el Gobierno español para intentar salvar la cara y Junqueras se descolgó con una declaración oportunista, en la que habla de la posibilidad de una «doble nacionalidad catalana y española». Tras esa modulación subyace que sabe que fuera del núcleo duro nadie le comprará un adiós radical a España.

Aunque no hace en Cataluña la labor pedagógica que debería, el Gobierno de Rajoy es el único de nuestra democracia que no le ha cedido nuevas competencias. Rajoy no admitirá nunca el desdoro de ser el presidente español que firme la autorización para un referéndum, dando así el banderazo de salida a la ruptura de España. A pesar de su perfil bajo, el Gobierno pone su límite en que se intente convocar en Cataluña un referéndum ilegal por la fuerza. Llegados a ese punto, que en Moncloa llaman «el choque de trenes», se recurriría a todos los resortes que ofrece nuestro estado de derecho para salvaguardar la unidad de España, incluido el artículo 155 de la Constitución. No existe un cauce legal para dar salida a las demandas de Mas y Junqueras, que pretenden burlar el ordenamiento legal aprobado en libertad por todos los españoles, incluidos, claro, los catalanes.

Un argumento que gana peso. En todo caso, si hubiese que decidir sobre el futuro de Cataluña, el asunto concerniría a todos los españoles, que sienten como suyo el territorio, pues su único pasado conocido es como parte de España. Nunca ha tenido Cataluña carácter de Estado o reino independiente. Por otra parte, sus vínculos con el resto de España son mucho más acusados que en otras comunidades, pues casi la mitad de su población procede de otras regiones o del extranjero.