Castro pregunta a las acusaciones si debe investigar un posible fraude fiscal de la Infanta

Así consta en la providencia que el magistrado ha dictado este viernes para solicitar a la Fiscalía Anticorrupción, las Abogacías de la Comunidad Autónoma y del Estado, los concejales del PSOE de Valencia, el PP balear y el sindicato Manos Limpias que se pronuncien sobre las pesquisas a seguir y, una vez lo hagan, procederá a resolver al respecto.

El tribunal de la Sección Segunda, en el auto que dictó el pasado martes para dejar sin efecto la imputación de la Infanta pero dejando las puertas abiertas a su posible encausamiento por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales, apuntaba a que tanto Iñaki Urdangarín como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.

De este modo, la Sala dejaba en suspenso la imputación de la hija del Rey Don Juan Carlos en relación al supuesto fraude fiscal, por cuanto, según recalcaba, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible «conocimiento del origen ilícito y delictivo» de estos fondos. La Sala incidía asimismo en que, si bien la Infanta podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que «provenía de un delito de malversación o de fraude», lo que resulta «más dudoso» para los magistrados de la Sección Segunda es que «desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública» puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

El tribunal, que basaba sus argumentaciones en un informe aportado al caso por la Agencia Tributaria (AEAT), aseveraba que éste suscita «zonas oscuras» que en estos momentos hacen «inviable emitir una opinión fundada sobre si la Infanta ha podido cometer o no un delito contra la Hacienda Pública », de modo que insta al juez Castro a decidir de nuevo sobre la imputación de la Duquesa de Palma respecto a un posible fraude fiscal, no sin antes solicitar a Hacienda a que complemente su informe. Todo ello con el objetivo de «dar respuesta a las cuestiones tributarias que se suscitan y también referidas a un posible blanqueo de capitales», recalcaba la Audiencia, precisando que el propio informe de la AEAT reconoce que es provisional e incompleto, toda vez que «no sólo contiene dudas en cuanto a quién ha de ser el responsable de las irregularidades tributarias, sino que reconoce que la entidad Aizoon es una sociedad pantalla que ha sido constituida con finalidad defraudatoria».