La indemnización por la expropiación será de «cero pesos»

Los funcionarios salieron a buscar inversiones después de la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de intervenir la compañía y enviar un proyecto de ley al Parlamento, de mayoría oficialista, para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera y de la empresa YPF Gas, ambas en manos de Repsol. En respuesta, Repsol ha confirmado que tomará medidas legales contra cualquier compañía que intente invertir en YPF o subsidiariamente en sus activos.

El grupo español, dueño del 57,43% de las acciones de YPF, ha instruido incluso a sus abogados para actuar en contra de una posible entrada de inversores en el capital de la firma, han señalado fuentes del consorcio. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, reclama 10.000 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo, precio que el Gobierno argentino se opone a pagar cantidad.

"Siempre se va a indemnizar con los valores que corresponda, los de verdad, no los que se les antoje a este señor que ha sido el responsable de esta situación de saqueo y depredación a la que han sometido a YPF", ha dicho el senador y exjefe de Gabinete Aníbal Fernández a la televisión local.

Según el diario bonaerense 'La Nación', el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien se le adjudica la autoría del proyecto de expropiación, ha asegurado a Cristina Fernández que la indemnización será de "cero pesos" después de que el Tribunal de Tasación establezca el precio de la compañía, tal como fija el proyecto de ley.

En medio de la disputa, el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, avisó la semana pasada de que Repsol "tendrá que pagar" por supuestos daños ambientales en el país. De hecho, la Justicia argentina analiza dos "megacausas" iniciadas años atrás por supuesta contaminación ambiental generada por la producción del petróleo de YPF, ha indicado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en declaraciones divulgadas por el diario 'Tiempo Argentino'.

Mientras crece la controversia, fuentes del sector petrolero han confirmado que el pasado el lunes -el mismo día en que se anunció la expropiación- funcionarios argentinos registraron el apartamento de Brufau en Buenos Aires.

La decisión argentina de expropiar la empresa causó una dura reacción en el Gobierno español, que este lunes planteó a los países de la Unión Europea (UE) la posibilidad de continuar la negociación de un acuerdo de asociación con el Mercosur sin Argentina, que integra el bloque sudamericano junto con Brasil, Uruguay y Paraguay. Según el Ejecutivo español, la UE ha reiterado su respaldo en el conflicto desatado con Argentina durante un encuentro de ministros en Luxemburgo.

El pasado viernes, el jefe de la misión de la UE en Ginebra, Angelos Pangratis, distribuyó al final de una reunión del G-20 en México una carta dirigida al canciller argentino, Héctor Timerman, que advierte sobre la "seria preocupación" que causa la decisión argentina. Timerman recibió este lunes la misiva, han confirmado portavoces diplomáticas.

Mientras, el proyecto de expropiación avanza en el Senado, que el próximo miércoles se apresta a darle luz verde a la iniciativa con el respaldo de la mayoría oficialista y de sectores de la oposición. La nacionalización de YPF se espera además que sea uno de los principales temas durante el 'mega-acto' que prepara para el próximo viernes el oficialismo en el estadio bonaerense de Vélez Sarsfield, con Cristina Fernández como principal oradora.