La Eurocámara pide que se suspendan las ventajas arancelarias a Argentina

Alrededor del 27% del total de las exportaciones de Argentina a la UE (equivalentes a 2.400 millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas comerciales, según datos de 2010. En particular, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumo de limón, tabaco, mandarinas y uva de mesa.

La suspensión de estas ventajas arancelarias es la única medida concreta que incluye la resolución pactada por los principales grupos políticos de la Eurocámara -populares, socialistas, liberales y euroescépticos -sobre la crisis de YPF, en la que se "deplora" la actuación del Gobierno de Cristina Kirchner.

La Eurocámara "insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales, incluyendo la posible suspensión parcial de las preferencias tarifarias unilaterales previstas en el sistema de preferencias generalizadas (SPG)".

Las ventajas podrían retirarse de forma anticipada "en caso de prácticas comerciales desleales graves y sistemáticas que tengan un efecto adverso en la industria comunitaria y que no han sido corregidas por el país beneficiario". "La Comisión está estudiando esta opción", según han informado fuentes del Ejecutivo comunitario. La Eurocámara avisa además de que "decisiones como la tomada por las autoridades argentinas pueden enrarecer el clima de cordialidad y entendimiento necesarios para lograr" el acuerdo comercial que la UE está negociando con Mercosur.

El Parlamento "deplora la decisión adoptada por el Gobierno argentino, despreciando una solución negociada, de expropiar la mayoría de las acciones de una empresa europea, ya que se trata de una decisión arbitraria y unilateral que supone un ataque al ejercicio de la libertad de empresa y al principio de seguridad jurídica, lo que deteriora el clima de negocios para las empresas de la UE en ese país". La resolución constata que se trata de una actuación discriminatoria y "avisa de las posibles consecuencias negativas que este tipo de medidas pueden acarrear como la huida de los inversores y consecuencias negativas para Argentina en la comunidad internacional".