El Supremo pide al Parlamento los suplicatorios de Bárcenas y Merino por fraude fiscal y cohecho

Así lo ha acordado el TS en un auto en el que admite la petición

del magistrado instructor del "caso Gürtel", Francisco Monterde, para cursar dichos suplicatorios a las Cortes, trámite obligatorio para poder seguir investigando a Bárcenas y Merino por ostentar ambos la condición de aforados.

Esta decisión se produce después de que ayer la Fiscalíasolicitara a Monterde que pidiera autorización al Parlamento para proceder "con todas sus consecuencias legales" contra Bárcenas y Merino.

En el escrito remitido por el fiscal al magistrado con fecha de ayer, se reitera también la necesidad de que se practiquen una serie de diligencias de investigación para esclarecer los hechos, que tampoco pueden llevarse a cabo sin la concesión del mencionado suplicatorio.

Entre esas actuaciones, la Fiscalía ha pedido que se tome declaración a otros coimputados en el "caso Gürtel", que se soliciten las declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de ambos aforados entre 2002 a 2007, así como los documentos originales de las fotocopias "sin autentificar" aportadas por la defensa de Bárcenas.

El Fiscal realiza esta petición tras examinar la documentación aportada por la defensa de Luis Bárcenas en su comparecencia voluntaria, y ante la necesidad de practicar diligencias de investigación para dilucidar lo acaecido, diligencias que no pueden llevarse a cabo legalmente sin la concesión del mencionado suplicatorio. Las diligencias que pide la Fiscalía

Algunas de las diligencias recogidas en su escrito de fecha 28 de julio que el Fiscal considera necesario practicar, son:

1) Oír la declaración de otros coimputados,

2) Solicitar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de ambos aforados entre 2002 a 2007.

3) Solicitar documentos originales de las fotocopias sin autenticar aportadas por la defensa de Luis Bárcenas.

4) Requerir a diversas entidades bancarias la información relativa a movimientos de cuentas corrientes y depósitos bancarios de los que eran titulares los citados aforados.

El Fiscal considera que, sin la práctica de estas pruebas, no se puede realizar un pronunciamiento de fondo, fundado en derecho, sobre la calificación jurídica de los hechos investigados