Vox dirigirá la nueva Oficina Lingüística en Baleares para ayudar a ciudadanos «oprimidos»

Vox gestionará directamente este órgano que nacerá en esta legislatura para «proteger a los ciudadanos y recoger las denuncias de los ciudadanos que se sientan oprimidos», avanzó este jueves la portavoz de Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas, quien destacó el papel de «vigilancia» y «control» que ejercerá sobre el gobierno de Baleares y el resto de instituciones de las Islas para que «todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de sus vidas, tanto educativo como laboral como social».

Será una especie de 'Oficina del Español' que sustituirá a la hasta ahora Oficina de Derechos Lingüísticos comandada por los nacionalistas de Més. Un ente inaugurado en diciembre de 2020 que durante estos años de funcionamiento sólo «ha servido como instrumento de la exclusión del castellano y la imposición lingüística», según la definen PP y Vox en su acuerdo de gobernabilidad.

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La extinta «Policía del catalán», como la apodaron sus detractores, nació en teoría para velar por la defensa y la promoción de los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas Baleares pero en la práctica no actuó ante ninguna reclamación por una discriminación del español. El día de su presentación el conseller de Educación, el socialista Martí March, no ocultó que, en realidad, serviría para paliar «el dolor» de no poder hablar en catalán.

Ahora, la nueva Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística del Gobierno del PP -aunque en manos de Vox- dice que nace para garantizar «la libertad de uso y opción lingüística y fomentará la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades de las distintas islas».

El pacto de PP y Vox incluye desmontar ocho años de normativa catalanista heredada del pacto de PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més. Para ello, el próximo gobierno conservador quitará por ejemplo el requisito lingüístico del catalán a los profesionales sanitarios para acabar con una de las trabas que tienen las Islas, junto con la vivienda o la falta de incentivos económicos, para encontrar médicos y enfermeros. También se incluye, aunque de forma genérica, modificar «todas las normas que impidan el bilingüismo y la libertad de lengua» sin excluir a ninguno de los dos idiomas oficiales.

El gobierno saliente de la socialista Francina Armengol deja una ley autonómica de educación que no reconoce el castellano como lengua vehicular, y una la Ley de Función Pública que exige la acreditación del título de lengua catalana como requisito para trabajar en la administración autonómica. El gobierno de Armengol, además, fue el primero en pedir el catalán en la sanidad pública.

PP y Vox proponen «un desarrollo normativo para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública», sin profundizar si se dará una moratoria para aprobar el título de catalán, si se eximirá en algunos puestos que no afecten a la atención al público o pasará a ser un mérito de forma generalizada.

Con el pacto ya sellado y con 110 medidas de gobierno acordadas con el PP, Vox insiste en que este acuerdo es «mejor» que entrar en una «conselleria» porque ha conseguido que se apliquen las políticas de su formación.

«Vamos a avanzar en derechos y libertades para los ciudadanos que durante décadas han estado oprimidos en materias como la libertad lingüística. Vamos a permitir que los padres elijan el centro escolar de sus hijos y también que puedan elegir libremente la lengua en que quieren educar a sus hijos, algo tan básico, fundamental y común en resto del mundo que aquí estaba prohibido».