El Gobierno cerca a la Iglesia

El primer escollo es la negativa de los obispos a un órgano estatal que determine las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia en la Iglesia que no han recibido compensación alguna por vía judicial, junto con un fondo mixto entre Estado e Iglesia para asumir los gastos. Propuesta que hizo Ángel Gabilondo esta semana en el Congreso, mientras alentaba a los poderes legislativo y ejecutivo a legislar y ejecutar. La Iglesia considera que un organismo de esta naturaleza no sólo es innecesario sino que implicaría una inaceptable intromisión del Estado en la autonomía institucional. El Estado dejaría de ser neutral en materia religiosa. Además, la Conferencia Episcopal y los religiosos de la CONFER ya cuentan con un mecanismo de similar función, la Comisión del PRIVA (el Plan Integral de Reparación de las Víctimas).

En esas estábamos cuando un medio de los del «equipo de opinión sincronizada» del Gobierno publicó esta semana que en la ponencia política del Congreso Federal del PSOE, que se va a celebrar en Sevilla, se recoge la propuesta de denunciar el Acuerdo de Educación entre la Iglesia y el Estado español. Palabras mayores. Es cierto que la intención de la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado se ha convertido un mantra de la izquierda e históricamente se ha quedado en eso, en pura intención, «el espantajo» lo calificó el obispo secretario y portavoz. Entre otras razones por las repercusiones internacionales que tendría. De Pedro Sánchez podemos esperar cualquier decisión que además sirva para derivar la atención de la corrupción socialista. Máxime ahora que ha comprobado, con el mutis por el foro del prior del Valle de los Caídos, Fray Santiago Cantera, que no le faltan apoyos dentro de la Iglesia.