La Iglesia acepta una «posible supervisión» del Defensor del Pueblo en su comisión para la reparación a las víctimas de abusos

Con la llegada de Argüello a la presidencia de la Conferencia Episcopal, hace ahora un año, los obispos han retomado un papel de interlocución en la vida social y política que habían abandonado durante los últimos mandatos. Así, si el mismo día en que era elegido tenía como primer gesto saludar -junto al también recién nombrado vicepresidente, el cardenal José Cobo- a las víctimas de abusos que se manifestaban frente a la sede de la Conferencia Episcopal, unas semanas después, lideraba el apoyo público a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por centenares de organizaciones que pedían al Congreso que favoreciera la regularización de inmigrantes con demostrado arraigo.

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De hecho, la cuestión de los abusos ha recibido un fuerte avance con la aprobación, en una asamblea plenaria extraordinaria el pasado julio, del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA) y la creación de la Comisión Asesora que ya está valorando los procesos de reparación de víctimas que no tienen opción a un juicio civil, por haber prescrito el caso o muerto el victimario. Es en esta línea en la que este lunes Argüello ha reconocido el «recorrido importante en este campo, que queremos continuar».

«Hemos puesto en marcha un plan de prevención y reparación, asumimos una obligación moral donde no haya obligación jurídica, en los casos verosímiles del pasado»; ha recordado para añadir una novedad, «incluso estamos dispuestos a estudiar una posible supervisión del Defensor del Pueblo en este proceso ya en marcha». De esta forma, Argüello se adelanta a la propuesta que la semana pasada hacían los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar en el Congreso de los Diputados para crear una subcomisión de investigación para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

El objetivo de los grupos parlamentarios que forman el Gobierno, que fundamentan en el informe presentado por el Defensor del Pueblo hace medio año en el Congreso, es «acordar medidas que refuercen la prevención, incrementen la protección y se establezcan los mecanismos necesarios para la reparación». Su idea es imponer a la Iglesia católica una comisión externa que decida sobre este tipo de indemnizaciones y el importe que deben tener. De hecho, cuando los obispos anunciaron que iban a aprobar su sistema de compensación el pasado julio, el ministro Félix Bolaños trató de boicotear el acuerdo y llegó a afirmar a varias asociaciones de víctimas que «el Gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto [por la Iglesia] y que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo».

Por contra, Argüello explicó, en una entrevista a ABC, que «nunca vamos a aceptar una imposición que no tiene base legal ni jurídica». Ahora, al proponer al Defensor del Pueblo como posible «supervisor», los obispos abren un camino intermedio, que permitiría al Gobierno apuntarse el tanto de la intervención pública en el proceso -precisamente a través del Ángel Gabilondo, a quien encargaron el informe sobre los abusos desde el Congreso- y permitiría la continuidad de la comisión independiente creada por la Conferencia Episcopal, que tras meses de funcionamiento está empezando a dar frutos.

Además de este ofrecimiento, Argüello también ha aprovechado su discurso para hacer dos propuestas muy concretas, de cara a la sociedad y las principales organizaciones política. La primera está relacionada con la crisis demográfica y la transmisión de la vida, a la que invita el Papa Francisco en su convocatoria para el año santo jubilar que ahora se celebra, y se concreta en «promover una alianza social para la esperanza».

«Desde esta Conferencia Episcopal queremos impulsar esta alianza y convocamos a padres y educadores, a empresarios y políticos, a medios de comunicación, artistas y creadores a promover esta «cultura de la vida» reflexionando y proponiendo medidas sobre los diversos ámbitos concernidos por la crisis demográfica: económicos, políticos, culturales y espirituales», ha explicado el presidente del Episcopado. «En los próximos meses, quisiéramos organizar un foro para impulsar esta alianza social», ha anticipado Argüello.

Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal también ha aprovechado su discurso para proponer «a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la ILP» promovida por centenares de organizaciones sociales que pedía la regularización de medio millón de inmigrantes que ya llevaban más de dos años en España. La ILP recogió el apoyo de 611.821 firmas y, aunque fue aceptada por el Congreso en abril del año pasado, su tramitación se paralizó el noviembre al aprobar la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería.

Una situación que, sin embargo «el Reglamento dejará fuera, en una cierta situación de limbo jurídico y existencial, a miles de personas como, por ejemplo, quienes no cumplan el requisito de dos años de permanencia o personas que no puedan demostrar fehacientemente su estancia durante ese periodo»; ha denunciado el presidente de los obispos. « Por eso, ante la situación de estos miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, ¿qué hacer, expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación?», se ha preguntado Argüello.

Es ante esta situación donde surge la propuesta a PSOE y PP para que afronten el problema en un «ejercicio de regeneración democrática, por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la decisión del Congreso de los Diputados, y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en el que la dignidad y el bien común están afectados», ha explicado. Argüello también ha hecho un llamamiento «a superar polarizaciones estériles» y buscar «puntos de encuentro». Con respecto al papel de la Iglesia, el presidente de la CEE se ha mostrado dispuesto «a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo». «Por eso en próximas fechas quisiéramos transmitirles esta iniciativa y sugerirles la posibilidad de un diálogo sobre el asunto», ha concluido.