Los obispos crean una oficina para recoger denuncias por delitos de odio religioso

La Oficina, que comenzará su actividad en breve, estará coordinada por la Vicesecretaría para Asuntos Generales y la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, y tendrá como objetivos «la promoción de la defensa de la libertad religiosa; elaborar y difundir un informe anual de delitos y ofensas contra los fieles católicos por motivos religiosos, mediante recopilación y registro de datos», además de «sensibilizar y ofrecer orientaciones a las diócesis ante la vulneración de la libertad religiosa; y mantener el contacto con otras confesiones religiosas y organizaciones nacionales e internacionales».

El organismo surge como respuesta de los obispos a una de las medidas previstas en el Plan de acción para la democracia presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado septiembre, con el que supuestamente pretendían controlar a los medios de comunicación y que preveía una reforma del Código Penal para eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos del Código Penal.

El texto, todavía en vigor, señala en su artículo 525 que «incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican».

Además, la reunión de la Permanente, de la que dio cuenta ayer el portavoz de los obispos, también sirvió esta semana para que los obispos recibieran información sobre la Comisión Asesora para aplicar el Plan de Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales en la Iglesia (Priva).

En concreto, desde su puesta en funcionamiento a principios de este curso, la comisión ha recibido 81 solicitudes de atención, de las que ha resuelto, de momento, 24 casos y tiene otros siete en estudio. En todos ellos, los expedientes han sido remitidos a las entidades eclesiales a las que pertenecía el abusador, que han asumido el pago de la indemnización propuesta por la comisión.

El equipo de trabajo del Plan Priva, que evalúa la reparación en los casos en que no es posible una vía penal al haber prescrito el delito o muerto el victimario, ha solicitado un total de 50 expedientes a las diócesis o, en su caso, a las congregaciones religiosas a las que pertenecía el abusador. El objeto de esta petición es «no revictimizar a las víctimas», ha explicado el portavoz de los obispos.

En otros casos, han sido las propias víctimas las que han acudido directamente a la diócesis o congregación correspondiente. En cualquier caso, García Magán precisó que será la propia comisión, que es «independiente», la que ampliará estos datos «cuando considere oportuno».

Otra de las cuestiones tratada en la reunión por los obispos fue la presentación del 'Proyecto en favor de la dignidad de la persona, en relación a la pornografía y sus consecuencias', por parte del director de secretariado de la subcomisión para la Familia, Manuel Garrigós. Según García Magán, «el problema de la pornografía a la que cada vez más menores tienen acceso, tienen consecuencias en el ámbito educativo, en el de la catequesis y el de la pastoral». De ahí que hayan creado un grupo de expertos que en la Asamblea Plenaria de noviembre presentará a los obispos un plan sobre cómo luchar contra los efectos del uso de pornografía, tanto en menores como en adultos, que se articulará en tres ejes, «concienciar, prevenir y acompañar».

García Magán ha alertado de lo que considera «una incoherencia», al recordar que se acusaba a su generación (tiene 63 años) de «no haber tenido educación sexual, porque estábamos reprimidos, pero resulta que hoy, cuando hay una buena educación sexual se observa un aumento de estas situaciones de dominio, de posesión», que «terminan en nuevas esclavitudes contra la mujer».