Universidades retrasa cuatro años la puesta en marcha de su medida estrella

Estos profesores son aquellos, como dice la propia norma, «especialistas, y profesionales de reconocida competencia» que tienen su trabajo fuera de la universidad pero que pueden ser contratados para dar clase «cuando existan necesidades docentes específicas relacionadas con su ámbito profesional».

El texto legal dice también que «antes del 31 de diciembre de 2024 y conforme a lo establecido por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, las universidades públicas deberán articular procesos de estabilización de las plazas de Profesoras y Profesores Asociadas/os».

El problema es que estamos ya en febrero y parece que esto no va a ser posible. Por eso, y tal como avisó la propia ministra en la primera Conferencia General de Política Universitaria, se va a establecer una «calendarización» para aplicarla. En dicha conferencia también dijo que habría un «acompañamiento financiero» por parte del ministerio para ayudar a las comunidades autónomas a poner en marcha la ley.

Lo que no le dijo Diana Morant a los medios, cuando se lo preguntaron, fue cuáles serían los plazos fijados para aplicar la LOSU. En lo que respecta a la estabilización de los profesores asociados a través de actuaciones que favorezcan su paso de asociado a la figura de profesor ayudante doctor se ha puesto un calendario, según ha podido saber ABC, a ejecutar en un total de cuatro años. Es decir, bastante lejos del objetivo que marca la ley, «antes del 31 de diciembre de 2024». Así, el departamento dirigido por Morant puso sobre la mesa sacar 4.200 plazas desde 2024 hasta 2027 repartidos de la siguiente manera: este año, 2100 plazas; 860 en 2025, 630 en 2026 y otras 630 en 2027.

En este sentido, el Ministerio de Universidades señaló que lo que ellos han planteado es «la posibilidad de que bajo el principio de corresponsabilidad que recoge la LOSU, las distintas administraciones públicas doten de plazas adicionales de profesor ayudante doctor a las universidades públicas para asumir los cambios que en las tipologías de profesorado comporta la ley. Siempre, teniendo claro que son las comunidades las que tienen las competencias en universidades».

«El Ministerio de Universidades no cumple con su ley; la norma es clara y marca hasta el 31 de diciembre de 2024 para regularizar a los asociados; el problema es que el departamento dirigido por Diana Morant no cumple con Europa y le es indiferente mantener tasas altas de temporalidad en el profesorado universitario; de este modo no se garantiza una carrera docente al profesorado universitario», critican fuentes académicas.

Cabe recordar que la estabilización de asociados forma parte de otra medida más grande: la de reducir del 40 al 8 por ciento el máximo de contratos temporales del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas que se enmarca, a su vez, en una obligación impuesta por Europa.

Las mismas fuentes señalan, además, «que el compromiso de la ministra de sacar plazas a cuatro años vista no tiene ni pies ni cabeza: si ni siquiera tienen presupuesto para 2024, mucho menos pueden comprometer partidas a cuatro años vista». En cualquier caso, este tema será tratado en profundidad en la próxima reunión -la semana entrante- del grupo de trabajo que el Ministerio de Universidades creó precisamente para ponerle un calendario a la aplicación de la ley.

La primera reunión ya generó problemas pero por otra cuestión. Como adelantó este periódico, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Murcia se quedaron fuera, pese haber pedido participar, del mencionado grupo de trabajo.

En una carta a la que tuvo acceso ABC firmada por la Secretaría General de Universidades (a cuyo mando repite José Manuel Pingarrón) se informó de que «dada la gran demanda de comunidades autónomas que han pedido formar parte del grupo de trabajo que haría inviable su correcto funcionamiento, se ha realizado una selección de 6 comunidades representantes entre las que han manifestado su interés de participar en el grupo de trabajo», dice la misiva firmada por Margarita de Lezcano-Mujica Núñez, de la citada Secretaría General de Universidades.