Universidades quiere ahora aplazar la estabilización de los asociados y los de Feijóo reclaman financiación

El grupo de trabajo tiene una importancia capital porque, tal como avanzó la propia ministra Diana Morant en su primera Conferencia General de Política Universitaria, se iba a poner sobre la mesa un «acompañamiento financiero» a las comunidades por parte del Gobierno así como una «calendarización» para poder aplicar la norma «sin hacerlo todo de golpe» pero sin demora.

Sin embargo, según ha sabido ABC, este viernes -en la primera reunión- se propuso el aplazamiento de solo dos medidas. En primer lugar, se flexibilizará el plazo marcado por la ley que actualmente dice que los contratos de los profesores asociados «podrán renovarse en las mismas condiciones y con la misma dedicación docente hasta que las plazas estén incluidas en un proceso de estabilización (...), y en cualquier caso antes del 31 de diciembre de 2024».

Fuentes del PP presentes en la reunión dijeron que «todo lo que sea consolidar al profesorado está bien pero tiene que ir acompañado de una financiación que no existe». El propio ministerio -aseguran las mismas fuentes- «se refirió a las dudas al respecto porque los Presupuestos de 2023 están prorrogados y no hay ninguna partida prevista… Y si no hay Presupuestos en 2024 esto no sirve para nada».

En este sentido, el sindicato CSIF (presente junto a CC.OO y UGT en representación de los sindicatos) señaló que «si bien habrá que ver su regulación definitiva podría beneficiar a muchos profesores asociados que actualmente tienen más de 120 horas y podrían renovar sus contratos con esa dedicación». En cualquier caso, «temen» que esta medida «llegue tarde a algunas universidades».

Universidades también propuso aplazar el apartado de la ley relativo a la dedicación del personal docente e investigador, de manera que ya no sería en el inicio del curso 24-25. «Aquí surge el mismo problema: desde septiembre de 2023 se están sacando plazas para adaptarse a las nuevas condiciones pensando en una compensación económica que no hay», señalaron las mismas fuentes del PP. Por su parte, CSIF apuntó a que «afectará a lo que se está negociando en ciertas universidades y a la confección de los Planes de Ordenación Docente (POD)».

Consultado por el contenido de la reunión y las reacciones del PP, fuentes del ministerio dijeron a ABC que se «ha planteado la posibilidad de que bajo el principio de corresponsabilidad que recoge la LOSU, las distintas administraciones públicas doten de plazas adicionales de profesor ayudante doctor a las universidades públicas para asumir los cambios que en las tipologías de profesorado comporta la ley. Siempre, teniendo claro que son las comunidades las que tienen las competencias en universidades». No se han pronunciado sobre el resto de cuestiones planteadas.