El Ministerio de Educación reanuda la guerra con los rectores por la ley de enseñanzas artísticas

Esta fue aprobada por el Consejo de Ministros en primera y segunda vuelta en febrero y abril de 2023, respectivamente, por la ministra de Educación, Pilar Alegría y no estuvo exento de polémica. ¿Por qué? Porque esta norma viene, en resumen, a equiparar las enseñanzas artísticas superiores (Arte Dramático; Música o Danza, Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Artes Plásticas; Diseño...) con las universitarias y ello ha levantado ampollas en los campus –empezando por el Consejo de Universidades, que reúne a la ministra del ramo y a los rectores– pero también en la Conferencia de Decanos y Decanas de Bellas Artes, que llegaron a pedir la retirada de la norma por considerarla «injusta» e «intolerable».

Pese a las críticas, la norma llegó al Congreso aunque decayó por la convocatoria de elecciones. Ahora, Educación la ha vuelto a sacar del cajón y con ella, también la indignación. El texto, que se llevará previsiblemente al próximo Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso ABC, no cambia los aspectos que más polémica han generado.

¿Cuáles son? Tal como reflejó el Consejo de Universidades en sus alegaciones a la norma, «el anteproyecto no recoge las mismas garantías que se establecen para el sistema universitario dado que no se recogen en el proyecto las exigencias en cuanto a nivel de profesorado (porcentaje de doctores, investigación, etc.) que se dan en el sistema universitario», dice la memoria del texto al que también ha accedido este periódico.

Tampoco recoge las mismas garantías, denuncian, en el caso del alumnado, dado que el que «accede a estudios universitarios ha realizado estudios de Bachillerato y debe de superar una prueba de acceso a la universidad». Lo mismo ocurre en el caso de las titulaciones ya que, dice el Consejo de Universidades, estas «no se someten a procesos de acreditación y verificación de titulaciones y centros comparables a aquellos por los que deben pasar las titulaciones universitarias oficiales».

Pero lo que más ha escocido ha sido la coletilla «a todos los efectos» a la que se alude cuando se habla de una equivalencia general de los estudios artísticos con universitarios. Esta coletilla viene ya en la 'ley Celaá', que ya deja claro que las enseñanzas artísticas superiores serán equivalentes «a todos los efectos» al título universitario de grado. El Consejo de Universidades criticó fuertemente la norma sobre todo por este motivo. «Se considera que la equivalencia general («a todos los efectos») que se articula en el proyecto entre los títulos que define y los de carácter universitario debe referirse exclusivamente a los efectos profesionales previstos en esta ley, indicando que esto es especialmente relevante en el caso de los estudios de máster».

Esta crítica se hace porque los rectores (y decanos) entienden que si la norma no deja claro (y no lo ha hace en la última versión) que la equiparación tiene solo efectos profesionales, se puede llegar a deducir que los másteres de las escuelas permiten acceder a un doctorado, algo que no pasa en ningún lugar del mundo y que empezaría a darse en España si la ley se queda como está. Por último, y en la línea con lo anterior, la alegación del Consejo de Universidades termina diciendo: «Estos estudios no pueden dar acceso a los estudios de doctorado».

A todas estas reclamaciones, el Ministerio de Educación capitaneado por Pilar Alegría ha hecho caso omiso. Al igual que a los reclamos que la Conferencia de Decanos y Decanas de Bellas Artes viene haciendo de forma continuada sin éxito. La noticia, dada a conocer por este periódico, de que la norma se aprobará previsiblemente sin cambios no les ha sorprendido. «Sabíamos que no iban a cambiar una coma. En cuanto el nuevo Gobierno se constituyera y estuviera tranquilo iban a volver a poner todo en marcha sin modificar nada. Tenemos otra vez la ley encima», lamenta José Galindo, presidente de la Conferencia de Decanos y Decanas de Bellas Artes y decano de esta disciplina en la Universidad Politécnica de Valencia. Galindo deja claro que están a favor de que las enseñanzas artísticas «tengan su lugar», lo que consideran «injusto» es que se hable de que estas enseñanzas y los estudios universitariosos son iguales a todos los efectos «porque realmente lo son en cuanto a prebendas, pero no en cuanto a exigencias», puntualiza Galindo, que asegura que en la última reunión de la conferencia que tuvo lugar en octubre se planteó poner sobre la mesa la inconstitucionalidad de la ley.

En cuanto a las reuniones que tuvieron con Educación y Universidades no fructificaron. «Estuvimos con el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar y con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón y nos dijeron que la norma no nos afectaba tanto como nosotros pensábamos...Nos estuvieron mareando así que habrá que volver a la carga», dice este decano confiado en poder mantener una conversación con la nueva ministra de Universidades (Morant) que no ha lidiado aún con el tema –aunque sí Pingarrón al que mantiene en el cargo–.

De hecho, es ella la que preside el Consejo de Universidades que, según han confirmado a ABC fuentes del ministerio, «no se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto», más allá de lo ya descrito anteriormente. Ante las críticas Educación se justificó cuando se aprobó la ley en la anterior legislatura asegurando que el texto había recibido «el aval de las organizaciones más importantes del sector» y que el informe del Consejo de Universidades «no es vinculante».