Luz verde a la ley de Universidades: refuerza las competencias de las CC.AA y quita poder a los estudiantes

El ministro de Universidades, Joan Subirats , ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y ha dicho que «llevo seis meses de ministro y en este tiempo he hecho lo que mi antecesor no pudo hacer por culpa de la pandemia, que es estar en contacto con todo el sistema universitario intentando conseguir que la ley fuera vista por todos como una norma que supere los 20 años que llevamos con la anterior», dijo Subirats que pidió perdón por el larguísimo retraso, ya que su intervención en Moncloa estaba prevista para las 13.30 y se produjo casi a las 15 horas.

El ministro destacó como « u no de los elementos importantes de la ley la incorporación de 25.000 profesores asociados como profesionales indefinidos», medida adelantada en exclusiva por ABC junto al texto íntegro de la ley. «Se trata de plazas que entrarán en vigor antes de diciembre de 2024 para alcanzar el objetivo de luchar contra la precariedad y la temporalidad y llegar al 8 por ciento que forma parte de nuestros compromisos [con Europa]».

Esta medida fue criticada por algunos rectores consultados, uno de los cuales la tildó de « populista » y consideró que «supone crear un tapón con personas que no han desarrollado una carrera académica adecuada en contra de nuestros jóvenes investigadores y de la captación de talento». Preguntado por ABC al término de la rueda de prensa por esta cuestión, el ministro dijo que «una cosa no quita la otra; lo que estamos diciendo es que tenemos que acabar con la temporalidad y la precariedad y establecemos vías para ello : una tiene que ver con el contrato indefinido que entrarán a través de un concurso; muchos de ellos son doctores, el 40 por ciento y, además, están acreditados », defendió el ministro.

Esta medida forma parte de otra más grande: la de reducir del 40 al 8 por ciento el máximo de contratos temporales del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas.

Durante la rueda de prensa, Subirats también destacó la formación a lo largo de la vida , algo que viene haciendo desde el día uno en que asumió como ministro. «La Unión Europea fija como objetivo para el 2030 que el 60 por ciento de la población de 16 a 75 años esté en proceso de formación ; Europa está en el 30 y nosotros por debajo», dijo el ministro. Añadió que «por primera vez en una ley universitaria hay un apartado dedicado a internacionalización»; que «se establece una carrera que en seis años permite una estabilización» y, por último, dijo que nada «será posible sino resolvemos el problema de financiación; h a de haber un compromiso del Gobierno y de las comunidades y la expectativa es conseguir en los próximos años el 1 por ciento del PIB dedicado a financiación», sentenció.

Aquella primera versión de la ley universitaria que borró de un plumazo al Rey de la expedición de títulos (algo que luego se tuvo que modificar) y a la que se denominó 'ley Castells', en honor al antecesor de Subirats, es ahora un texto nuevo . No en vano, el nuevo ministro aseguró que seguiría adelante con la reforma de Castells pero que, en cualquier caso, haría «suya» la nueva norma.

Además, y contrariamente al borrador de ley que el ministerio circuló en mayo, se quita la palabra « vinculante » en el apartado dedicado a la labor de los estudiantes en las guías docentes y planes de estudio. Esto no ha gustado nada a este colectivo y responde a una petición unánime de los rectores que en una reunión 'presionaron' al ministro con esta cuestión al estar todos de acuerdo, relató a ABC uno de los presentes. «Nos siguen manteniendo como meros espectadores y quitar la participación vinculante es relegarnos a un papel de observador y seguir dando pasos atrás en la participación estudiantil», ha dicho el presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), Nicolás Hernández .

Sobre la queja de la coordinadora de estudiantes, el ministro dijo que «lo que hemos hecho es aclarar precisamente qué quiere decir "vinculante"» y añadió que «respeta» la opinión de los alumnos.

No solo los estudiantes, los sindicatos también han sido críticos. En el caso de CC.OO, si bien celebra la reducción de la temporalidad, lamenta que se deje afuera a determinadas figuras (como los asociados de Ciencias de la Salud y al profesorado ayudante doctor). Por su parte, el sindicato Csif denunció que el ministerio «tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas . Mantiene y potencia la perniciosa doble vía paralela funcionarial y laboral que fomenta duplicidades y frena la movilidad», dijeron en un comunicado. Esta medida, critican fuentes académicas, terminará beneficiando a los campus catalanes ¿Por qué? « El Gobierno apuesta por los profesores laborales, propios del sistema universitario catalán y relega a los profesores titulares y catedráticos (funcionarios) y así beneficia a los campus catalanes», señalan.

Otra novedad de la norma (ya integrada en el borrador de mayo) es que en el caso del puesto de rector, « con el objetivo de una mayor democratización », aseguran, se modifica el perfil de los candidatos y se fulmina la especificación de cuáles deben ser los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria, que pasarán a ser determinados por cada universidad. 

La nueva ley da más poder a las agencias autonómicas en perjuicio de la estatal, la Aneca. Así, dice: «El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de doctor, la previa obtención de una acreditación estatal por parte de Aneca que, valorando los méritos y competencias de las personas aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. La Aneca acordará, mediante convenio, la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad autonómicas ».

Para el Csif, se «dota de mayor poder a las agencias de acreditación autonómicas en perjuicio de la Aneca. Existe un riesgo evidente en que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (funcionarios) la puedan hacer ahora mediante convenio con Aneca las agencias de calidad autonómicas. La ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos ha generado evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito».

Por otro lado, el sindicato denuncia que «que con la excusa de la diversidad, se romperá la igualdad y el marco común básico». ¿Por qué? A juicio del Csif, cada universidad y cada comunidad autónoma « decidirán en temas claves» como las ya mencionadas acreditaciones, la gobernanza (cada campus diseñará en sus estatutos su gobernanza: composición, porcentajes, etc.) o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral, que caerá en manos de las comunidades . «Consideramos necesario un mayor nivel de concreción y armonización y no fiarlo todo a los futuros estatutos de cada universidad», dijo el sindicato.