La UE rebaja el nivel de protección del lobo a nivel internacional

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Isabel Miranda

El cambio no significa que la especie del lobo deje de estar protegida debido en parte al éxito de las políticas de protección de este animal y al aumento de su presencia en el medio natural. La nueva directiva dará mayor flexibilidad a los gobiernos nacionales para gestionar sus poblaciones locales de lobos. En todo caso, el lobo seguirá siendo una especie protegida por lo que las medidas de conservación y gestión que se aprueben seguirán teniendo que alcanzar y mantener un estatus de conservación favorable.

La Comisión se compromete a mantener las inversiones en medidas adecuadas de prevención de daños para reducir la las pérdidas de los ganaderos y seguirá ayudando los sectores implicados «mediante financiación y otras formas de apoyo».

Tras casi desaparecer de la Unión Europea en el siglo XIX, la recuperación de los lobos comenzó en 1970 y en los últimos años parece haber cogido carrerilla. Un informe de la Comisión Europea detectó que en 2023 ya había lobos en todos los Estados miembro, excepto Irlanda, Chipre y Malta, y la tendencia va en aumento en 19 países. Si en 2012 había unos 11.193 lobos, en 2023 la cifra creció hasta 20.300. «En general, el número de lobos en la UE está aumentando», concluía el informe. Pero este resurgimiento genera conflictos: 65.500 cabezas de ganado mueren por ataques del predador cada año. Los mayores daños se registran en España, Francia e Italia (entre 14.000 y 10.000 cabezas al año en cada país). En total se pagan unos 18,7 millones de euros al año en concepto de indemnización por los daños causados por los lobos.

De ahí que este martes las organizaciones ganaderas Asaja, Coag y UPA hayan celebrado la decisión como un paso importante para la coexistencia entre ganadería y el predador. Como definió la Fundación Artemisan, la UE ha apostado por «flexibilizar el estatus de protección del lobo adaptándose a la realidad de sus poblaciones», a la vez que apuesta por «proteger la convivencia con la ganadería y otras actividades del mundo rural».

Más contundente ha sido el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que derogue «mañana» la orden ministerial que blindó al lobo en todo el país en 2021, incluyendo las cuatro comunidades que reúnen el 98% de la presencia del predador –Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias–. «Se estrecha el círculo al Gobierno», dijo, al incidir en que ahora la gestión final del cánido será decisión del Ejecutivo.

La petición de las comunidades loberas es volver al punto anterior al cambio de estatus del lobo de 2021. Porque, según explicó la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, solo de 2021 a 2024, los avisos por ataques de lobos han crecido un 72% solo en Galicia. «Es insostenible», lamentó.

La reacción de comunidades y ganaderos choca con la de las organizaciones ecologistas. «La Comisión Europea abrirá ahora un proceso para modificar la Directiva Hábitats, uno de los pilares fundamentales para la protección de la naturaleza en Europa durante más de 30 años. En esa modificación, además de rebajar el nivel de protección del lobo, podría hacerse lo mismo con otras especies o hábitats, o reduciendo las exigencias de conservación, lo que podría llevar a un peligrosísimo debilitamiento de las políticas de naturaleza en Europa», criticaron ayer desde Ecologistas en Acción.