Tensión en Budapest ante un Orgullo marcado por la prohibición, la represión y el desafío internacional

La polémica comenzó hace más de un año, cuando el Gobierno de Orbán intensificó su cruzada contra los derechos del colectivo. En marcho de 2025, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe la organización y asistencia a cualquier evento público que «promueva contenidos LGTBI+ a menores», una redacción lo suficientemente ambigua como para vetar desfiles del Orgullo, charlas escolares y hasta libros infantiles con representación diversa. La norma fue defendida por el Ejecutivo como un mecanismo de «protección a la infancia» pero ha sido ampliamente denunciada por organizaciones de derechos humanos como una herramienta de censura y discriminación sistemática.

La situación se agravó semanas después, cuando la mayoría parlamentaria del Fidesz impulsó una reforma constitucional que blinda esta ley y restringe explícitamente el derecho de reunión y manifestación para «defender los valores tradicionales de la familia húngara». Esta reforma ha tenido consecuencias inmediatas: la Policía de Budapest denegó la autorización para el desfile del Orgullo, programado para el 28 de junio, alegando motivos legales. A su vez, se habilitó para el mismo día y recorrido una marcha convocada por el grupo ultranacionalista HVIM, conocido por su retórica homófoba y antisistema.

La paradoja no ha pasado desapercibida en la arena internacional. En los últimos días, al menos treinta embajadas, entre ellas las de Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido, han firmado un comunicado conjunto en apoyo a la celebración del Orgullo y han instado al Gobierno húngaro a garantizar a seguridad y los derechos a manifestantes. El texto lamenta la «creciente criminalización de las identidades LGTBI+« y recuerda que la libertad de expresión y de reunión son pilares esenciales de la UE. La Comisión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, también ha expresado su »grave preocupación« por el giro autoritario de Orbán en esta materia.

En paralelo, más de 70 eurodiputados y políticos nacionales han anunciado su intención de acudir a Budapest este sábado en señal de solidaridad. Entre ellos figuran la vicepresidenta del Gobierno español y ministro de cultura, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun; la eurodiputada ecologista sueca Alice Bah Kuhnke; y el exprimer ministro belga Alexander De Croo. Todos han advertido que lo que «está en juego» no es solo el derecho de la comunidad LGTBI+, sino «el respeto a las libertades fundamentales» dentro de la propia UE.

El Gobierno húngaro, sin embargo, se ha mantenido firme. En un reciente comunicado, el primer ministro Viktor Orbán advirtió que «cualquier intento de organizar actos prohibidos será perseguido conforme a la ley». La normativa prevé multas de hasta 500 euros por asistir a eventos LGTBI+ no autorizados, y permite a las fuerzas del orden emplear tecnología de reconocimiento facial para identificar a los participantes. La Fiscalía ya ha abierto investigaciones preliminares contra varios activistas por «incitación a la ilegalidad» y se especula con posibles detenciones si la marcha se lleva a cabo.

A pesar de ello, el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, ha desafiado públicamente la orden del Gobierno y ha anunciado que el Orgullo sí se celebrará, aunque sea en un formato alternativo y amparado por el Ayuntamiento. «La ciudad de Budapest no permitirá que el odio suplante a la dignidad», ha defendido en varias ocasiones. En un gesto simbólico, varios edificios municipales lucen desde hace semanas la bandera arcoíris, en contraste con el discurso oficialista que insiste en que la «ideología de género» es una amenaza para la nación.

En este contexto, la jornada de mañana —en la que se esperan más de 35.000 asistentes— podría tener múltiples lecturas. Para los colectivos LGTBI+ húngaros, será un acto de resistencia frente a un clima cada vez más hostil. Para Orbán, representa una oportunidad para reafirmar su posición como abanderado del «conservadurismo soberanista» que tanto rédito le ha dado en las urnas. Y para la Unión Europea, será una prueba de fuego sobre hasta qué punto está dispuesta a defender sus valores fundacionales frente a uno de sus Estados miembros más rebeldes.

La posibilidad de enfrentamientos entre manifestantes del Orgullo y grupos ultras, la actuación policial bajo la nueva ley y la presencia de figuras internacionales convierten a Budapest en el epicentro de un pulso político que trasciende las fronteras de Hungría. Lo que ocurra mañana podría marcar un punto de inflexión no solo para los derechos LGTBI+ en Europa, sino para el equilibro entre soberanía nacional y principios comunes en el seno de la UE.