Guerra total de la sanidad pública contra el ministerio de Mónica García

Aunque por motivos distintos, el proyecto de Sanidad no convence a ninguna de las partes. Mientras los médicos defienden un estatuto propio que regule únicamente sus condiciones y que puedan tratar ellos mismos con el ministerio, los sindicatos que componen el ámbito de negociación insisten en que hay «líneas rojas» que consideran fundamentales y que de momento no se incluyen en el borrador y acusan al departamento de García de «deslealtad» por negociar de forma paralela con los facultativos.

Este jueves, en rueda de prensa conjunta, los sindicatos del ámbito de negociación denunciaban que el ministerio no tiene intención de acordar un texto que beneficie a todo el personal de la sanidad «sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales». Se referían además a los encuentros que García ha mantenido tanto con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz como con la Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf).

En concreto, Begoña Ballell, secretaria estatal del sector Salud de UGT, habló del «proceso paralelo» que el ministerio mantiene con «organizaciones ajenas al ámbito de negociación» y mandó un mensaje contundente a Sanidad: «Lamentamos que un ministerio que forma parte de un gobierno que se autodefine como progresista haya sido el único que haya tenido el dudoso honor de lograr un frente sindical para convocar una huelga».

Hay cuestiones a las que los sindicatos no quieren renunciar: que el Estatuto Marco adapte las retribuciones a la nueva clasificación profesional, que establezca un límite de jornada laboral «que permita la conciliación» y recoja además «condiciones claras» para una jubilación anticipada y parcial de los profesionales que trabajan en la sanidad pública. La ministra aseguró hace un tiempo que en la mayoría de cuestiones había acuerdo, algo a lo que los portavoces sindicales se refirieron también: «No vamos a tolerar que se afirme que el Estatuto Marco está cerrado al 99% cuando no hay nada más lejos de la realidad».

Además, criticaron que en la última reunión que mantuvieron con el Ministerio, que fue el 6 de noviembre, el departamento de Mónica García se comprometió a agendar una nueva fecha para debatir las cuestiones relativas a la clasificación profesional y retribuciones, sin que a día de hoy tengan noticias al respecto. «Estamos a la espera y queremos seguir negociando, pero como vemos que no se ha llegado a nada necesitamos convocar este tipo de movilizaciones», reiteraron.

Sanidad, por su parte, respondió a esta convocatoria asegurando que algunas de las cuestiones que los sindicatos reclaman exceden sus competencias y, por tanto, no se pueden abordar en ese Estatuto Marco. El departamento de García envió un comunicado en el que afirmaba que el ministerio ha alcanzado el «máximo desarrollo posible» del Estatuto Marco, «dentro de los márgenes de una ley básica estatal, articulando un marco común respetuoso con las competencias autonómicas».

El ministerio incide en que su reforma de Estatuto Marco incorpora mejoras como la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, las guardias de 17 horas o la reordenación de la clasificación profesional. García insiste en que su departamento no puede fijar importes salariales exactos, conceder la jubilación anticipada o fijar un límite de jornada de 35 horas. «Bloquear su aprobación por demandas ajenas al marco competencial implicaría desaprovechar una oportunidad histórica de reforma normativa, pendiente desde hace dos décadas», señaló Sanidad.

Además, García publicó un vídeo en sus redes sociales en el que defendía que su proyecto «mejora significativamente» las condiciones laborales del personal que trabaja en la sanidad pública, que actualmente se rigen por el Estatuto Marco en vigor, que data de 2003. Defendió además la ministra que durante estos meses de negociación se ha reunido con sindicatos, colectivos profesionales, sociedades científicas y pacientes.

Pero los profesionales no piensan lo mismo. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos aseguraba este jueves que mantiene la huelga prevista tras rechazar el último borrador del proyecto que le ha presentado Sanidad para intentar frenar el paro. Insisten los médicos en que su petición de que sus condiciones se regulen en un estatuto propio se fundamenta en la necesidad de que sea el colectivo quien pueda debatir la norma, pues actualmente aseguran no sentirse representados en esa negociación.

Los cambios que ha llevado a cabo el departamento de García en el texto, dijeron, son mínimos, con una clasificación profesional que no tiene en cuenta su nivel de responsabilidad, sin que las horas de guardia se retribuyan por encima de las horas de trabajo ordinario y sin que computen para la jubilación o con una exclusividad que se impone para profesionales que el sistema, consideran, no se puede permitir por la fuga de talento ya existente.

Ante esta situación, el PP exigió este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «se haga cargo de la situación» y retire el borrador de Estatuto Marco impulsado por Sanidad. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los populares, Carmen Fúnez, acusa a Mónica García de «poner en jaque la sanidad» y la responsabiliza de las huelgas. «Le ha estallado en las manos su reforma», que tacha de «improvisada, chapucera y sin ninguna memoria técnica, jurídica ni económica».

Por su parte, la portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, ha exigido al Ejecutivo que regule un estatuto propio para los médicos y ha acusado a la ministra de «despreciar» a la profesión. «Poco le importan los sanitarios y mucho menos la salud de los españoles», ha criticado en un vídeo.