Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de derivar «más del 99%» de los abortos a clínicas privadas

El Ejecutivo había enviado un requerimiento a Madrid en el que le daba el plazo de un mes para la creación de ese listado, tiempo que se cumplió el pasado viernes. Este lunes, el Gobierno da instrucciones a la Abogacía General del Estado para que interponga recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con la Ley 29/1998.

«Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales», ha dicho Sánchez tras destacar la derivación del 99% de los abortos a clínicas privadas en Madrid. Sin embargo, hay otros territorios en España donde la cifra es aún mayor, como es el caso de las ciudades autónomas donde el Gobierno tiene la competencia en Sanidad: en Ceuta y Melilla se deriva el 100%.

El inicio de las acciones legales no coge por sorpresa a la presidenta autonómica, que ya la semana pasada insistió en que la Comunidad de Madrid no habrá listas negras de médicos objetores. Y también en redes sociales ha contestado a Sánchez: «Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado».

En sus últimas intervenciones, la presidenta regional ha subrayado que el aborto en España «es libre» y «tiene que ser seguro», y además hay que intentar «que sea poco frecuente». Ayuso dejó claro que no permitirá que «nadie sea señalado» en Madrid por tomar «una decisión u otra», por abortar o por dejar de hacerlo, «ni fuera de la puerta de una clínica, ni tampoco dentro», ni por «un ciudadano ni por un médico».