Ayuso ignora al Ministerio de Sanidad y dejará en manos de los tribunales la creación del registro de objetores del aborto

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha explicado que el Gobierno regional defenderá, «con la Constitución en la mano», la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

«Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie», ha recalcado en declaraciones a los medios durante una visita las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes.

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Elena Calvo

Ante la presión del Gobierno de Sánchez, del PSOE y de Más Madrid, la presidenta Ayuso ya avisó de forma tajante en la Asamblea de Madrid hace poco más de un mes que en esta región no habría lista de objetores: «No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia o libertad y y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca».

«No se va a señalar a ningún medico en la Comunidad de Madrid por practicar un aborto o por no querer practicarlos. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar», espetó la presidenta a los partidos de la izquierda en el Parlamento madrileño.

Así, desde la Comunidad de Madrid se ha rechazado desde el principio crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, previsto en la ley de 2023. El Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir con el registro de objetores, «una obligación legal».

El Ejecutivo central les dio un mes para responder al requerimiento o tomar medidas para cumplir la ley, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales.

La consejera madrileña ha recalcado que en la Comunidad de Madrid «no se va a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto». «En la Comunidad de Madrid defendemos que el aborto sea legal, seguro y poco frecuente», ha defendido.

La consejera ha subrayado que si un tribunal obliga a la Comunidad a hacer ese registro de objetores, el Gobierno regional actuará «con la Constitución en la mano, para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental».

Tras el requerimiento y el mes para que estas comunidades justificasen su situación, el Ministerio de Sanidad tiene dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley, según la ministra de Sanidad, Mónica García.

Según la ministra y adversaria política de Ayuso, «saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia».

Mónica García, quien se ha postulado para volver a ser candidata de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas y enfrentarse otra vez con Ayuso en las urnas, respondió así en las redes sociales a las declaraciones de la consejera, en las que rechaza el registro de objetores: «Esta noche a las 00:00 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo».

Ante el requerimiento del Gobierno de Sánchez, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la capacidad de «autoorganización» en materia sanitaria. «Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población», ha añadido este viernes la consejera de Sanidad.