Primera demanda colectiva de las víctimas de la dana: «No queremos entrar en disputas políticas, sólo saber lo que pasó esa noche»

La querella, que agrupa las demandas individuales de 109 de los socios de la entidad, apunta hacia seis nombres, a quienes consideran responsables de tomar las decisiones en aquel fatídico 29 de octubre: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable de Emergencias durante la dana; el entonces secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso; el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Todos ellos eran miembros del Cecopi, el organismo encargado de tomar las decisiones, cinco de ellos vinculados a la administración autonómica y Polo, como presidente de la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. «Un equipo de socios ha hecho un estudio de los hechos, han recogido información de seguimiento de ríos, pantanos y barrancos de la CHJ y de las alertas de la Aemet, y con esos datos hemos ido encajando el puzzle y valorando quiénes eran las personas que tenían la responsabilidad», explica Lesaec.

«Hemos querido presentar una demanda seria y fundamentada, sin recurrir a rumores o recortes de prensa», añade Gonzalo León, responsable del equipo de trabajo para este caso de Vilches Abogados, el bufete elegido por la asociación para que los represente. «No la hemos interpuesto contra Carlos Mazón porque nunca llegó a activar el mecanismo que le permitía hacerse cargo directamente en la gestión, por lo que recaía en la consellera», explica. «¿Por qué no lo hizo? Pues esa es una de las cuestiones que nos gustaría aclarar», añade. «Queremos una investigación para que se depuren responsabilidades; si de ahí surgen otros nombres, no descartamos en ningún momento ampliar la demanda», concreta.

La Asociación de Damnificados de la dana surgió de forma «espontánea» en los primeros días tras la dana. «Al ver que las ayudas no llegaban y que los vecinos empezamos a coordinar de forma solidaria a nivel de calles, decidimos encauzar esa iniciativa y crear un grupo organizado para dirigirnos a las administraciones», explica a este diario el presidente.

La demanda recoge «antecedentes históricos, avisos de la Aemet de los días previos y los hechos concretos y documentados que ocurrieron el día 29, que demuestran que era obligatorio el envío de esa alarma en cualquier momento anterior a las 20:11 horas, cuando finalmente se hizo», explica León. «Ahí está la imprudencia de quienes no actuaron y no alertaron a la población con suficiente tiempo. Fue un episodio de lluvias extraordinario y los daños materiales quizás no se hubieran podido evitar, pero sí muchos de los fallecidos y desaparecidos, si se les hubiera informado a tiempo del riesgo real que ya conocían desde mucho antes», añade.

Y, como ejemplo, explica cómo la AEMET llevaba alertando desde días antes que el 29 de octubre sería el momento álgido de la dana, y la CHJ conocía tanto los riesgos como el peligroso aumento de caudal del barranco del Poyo, desde horas antes del mensaje de ES-Alert.