Paola Ugaz: «Sin apoyo del Vaticano yo estaría en la cárcel por investigar al Sodalicio»

—El suyo es un caso en que el periodista se convierte en protagonista de la noticia ¿Cómo empezó a investigar al Sodalicio?

—José Enrique Escardó es el primer denunciante, en el año 2000. La revista donde publicó el primer artículo recibió presiones y lo retiró. Un año después se hizo un primer reportaje en un canal privado donde entré a trabajar una semana después. Recuerdo todas las llamadas que recibió la redacción con insultos al reportero. A la directora del programa la llamó el exministro de Educación y empresarios insistiendo que los del Sodalicio eran buenos chicos, «hacen bien a Perú, no se metan con ellos», les decían. Luego olvidé aquello, pero unos años después, Pedro Salinas, un exmiembro, me pide ayuda para lo que iba a ser un reportaje de investigación de tres o cuatro meses, que acabó siendo de años y derivó en el libro 'Mitad monjes, mitad soldados'.

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Paola Ugaz

—¿Cómo fue aquella investigación?

—Comenzó en 2010 y ahí contamos con la ayuda de la líder de la rama femenina del Sodalicio, Rocío Figueroa. Ella es quien nos cuenta lo que está sucediendo dentro de la organización lo que está sucediendo. Se enfrenta a Figari en Roma y le dice que que German Doig [cofundador] había abusado de ella. En esos procesos internos, mientras elaborábamos este libro, empezamos a descubrir un talante vengativo y autoritario. Estaban todos muy asustados. Fíjate que el libro sale con 30 testimonios y 27 eran con seudónimo. Estaban aterrados. Son hombres de clase media alta, con muchos vínculos laborales y familiares que habían sufrido abuso sexual, físico o psicológico. Y estaban avergonzados de contar lo que habían hecho. Eran experiencias tan degradantes como obligarles a que simularan hacer el amor con una silla, dormir en unas escaleras durante un mes, comer solo ketchup… Cuando el libro sale, empezamos a recibir llamadas y de las 30 denuncias iniciales llegamos a más de 200.

—¿Y es entonces cuando comienza esa campaña de acoso?

—No, a mí no porque todavía no me tenían en el radar, pero sí a Salinas. Solo cuando empiezo a investigar el tema del dinero en el Sodalicio es donde empiezan mis problemas. En el 2019 me declararon la periodista más demandada del Perú y en el 2020 salgo en varias portadas donde me acusan de ser jefa de una red de lavado de activos. También recibo una amenaza de muerte. En Instagram me envían un mensaje diciendo que «se viene el 'Charlie Hebdo' peruano, los vamos a matar a pólvora». Cuando fui a poner la denuncia, una fiscal se abstuvo y la Policía me dijo que mejor no siguiera, insinuando que tenían infiltrados del Sodalicio dentro de la propia Policía.

—También sufrió un episodio poco usual para un periodista: el juez decreta que todas sus comunicaciones sean públicas y se incorporen al caso.

—Lo que más me ha afectado es el levantamiento del secreto de comunicaciones. Y no tanto por la información que tienen, que no pasa nada. Lo peor es que mi libertad está en juego. Nunca me había sentido tan frágil. Porque ¿quién te defiende? Por eso nos vimos obligados a peregrinar en octubre a Roma para reunirnos con los equipos que investigan el Sodalicio y algunos cardenales. Ha sido clave el apoyo del Vaticano y la comunidad internacional, porque si no, yo ya estaría en la cárcel.

—Ese levantamiento está relacionado con la denuncia de supuesto blanqueamiento de dinero destinado a financiar la campaña de la entonces alcaldesa de Lima, para la que trabajó. ¿Qué pruebas tiene de que el Sodalicio está detrás de esa denuncia?

—Sí, trabajé un año, de 2013 a 2014 como jefe de redes sociales. Pero todas las mentiras que se empiezan a publicar son de Luciano Revoredo, director de 'La Abeja' y de otros que están directamente vinculados al Sodalicio. Además, a finales del año pasado, la Fiscalía afirma que el abogado del Sodalicio era un asesor en la sombra de la fiscal general, Patricia Benavides, y que había pedido que no se cerrara la denuncia de lavado de activos en mi contra.

—¿Y se cerró el procedimiento?

—Sí, me sacaron del proceso de lavado de activos, pero la misma fiscal general, antes de irse me metió con las mismas pruebas, en una denuncia de enriquecimiento ilícito. Son pruebas falsas como un chat escrito en Word con personas que ni siquiera conozco o que me sitúa en lugares donde nunca he estado. Sin embargo, con esa denuncia dieron ese paso más y permiten que se levante el secreto de todas mis comunicaciones desde el 2013 al 2020, justo el tiempo en que he investigado la trama económica del Sodalicio.

—¿Qué hay en ese entramado que tanto les preocupa?

—Descubro un entramado de empresas controlado por un sacerdote Jaime Baertly (expulsado esta semana), que controla nueve cementerios, una universidad y que ha creado cuatro 'offshore' para financiar al Sodalicio en el resto del mundo. El ahora alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que era un empresario cuando empezamos a investigar, fundó un trust donde están integradas estas propiedades del Sodalicio. Son las personas que trabajan para él y han sido candidatos al Congreso por su partido las que nos hostigan en la Fiscalía.