Los objetores al aborto temen que el registro se use para señalarlos

La reforma de la ley del aborto que impulsó Irene Montero en 2023 como ministra de Igualdad estableció que las comunidades autónomas deben crear un registro de profesionales objetores al aborto. El objetivo es que la mayor parte de estas intervenciones tengan lugar en centros públicos, pues a día de hoy el 78% se llevan a cabo en centros privados, la mayoría derivados de la sanidad pública. Sin embargo, y aunque el Ejecutivo defiende que esos listados no son públicos y que se utilizarán exclusivamente para la organización de los servicios, entre algunos profesionales existe cierta inquietud por que en algún momento la defensa de sus convicciones pueda afectarles profesionalmente.

Noticia Relacionada

El Gobierno inicia el trámite para blindar el aborto en la Constitución sin consenso y atacando al PP

Gregoria Caro

Consiste en reconocer la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43, a través de un cuarto punto nuevo

«Creo que puede llegar a perjudicar. Hay gente que está mejor posicionada que otra y le puede condicionar. Yo, por mi trayectoria, no me siento especialmente atacado, pero sí me preocupa estar en un registro y que potencialmente eso pueda llegar a restringirme de alguna forma», asegura Jaime Siegrist, ginecólogo que trabaja en uno de los grandes hospitales públicos madrileños. Pero hay, dice, «entornos más favorables» que otros, y en el centro en el que desarrolla su labor se respeta mucho la objeción de conciencia de los profesionales. «También es verdad que es un servicio muy grande y trabaja mucha gente. Igual en otros más pequeños es más difícil», reflexiona.

La inquietud por este registro, afirma este ginecólogo, en mayor o menor medida está presente entre todos los profesionales que se oponen a practicar abortos en su día a día. «Hay un poco de todo, hay quien siente que no va mucho con él porque no lo vive en primera persona, pero hay un sector muy importante de ginecólogos a los que esto sí les preocupa. La sensación es de temor a lo desconocido, a lo que va a pasar y también de preocupación por las nuevas generaciones» de médicos, expone Siegrist.

En este último grupo se encuentra Cristina Castellet Roig, ginecóloga en un centro sanitario público de Barcelona. Es precisamente Cataluña la comunidad autónoma que más abortos lleva a cabo, con una tasa de 14,89 intervenciones por cada mil mujeres, la más alta del país. También una de las autonomías con mayor porcentaje de abortos en centros públicos. «Me preocupa figurar en un registro. Vivimos en tiempos en los que opinar diferente puede volverse un problema, y más en temas tan sensibles como este», lamenta esta médico, que reconoce cierta preocupación por que se le puedan cerrar puertas en lo profesional por «ser coherente» con sus valores y con la forma en la que entiende su trabajo como ginecóloga.

«Es contradictorio con la naturaleza misma del derecho fundamental a la objeción de conciencia, que no es una concesión de la administración, sino que emana de la libertad ideológica y de conciencia reconocida en nuestra Constitución. Al tener que inscribirse en un listado, se burocratiza y se convierte en un 'permiso' que se otorga en lugar de un derecho que se ejerce», denuncia esta médico, que incide en que la administración debería proteger esta objeción «sin exponer» a los profesionales.

Manifiesta además esta médico su inquietud por que más allá de una medida para organizar los recursos humanos, el registro de objetores pueda «convertirse en un mecanismo de señalamiento o presión» contra los sanitarios. «Nos inquieta que se use con otros fines, porque se percibe una falta de claridad y, sobre todo, de garantías de que esta información no será usada en contra» de quienes se escudan en su objeción de conciencia para no participar en abortos. Su percepción, asegura, es que este listado deja a los profesionales «más expuestos, más vulnerables y menos libres de ejercer nuestra profesión conforme a nuestros principios».

Siegrist también es de la opinión de que el listado puede desproteger a los médicos que figuren en él. «Ahora que se habla tanto de los derechos reproductivos de la mujer, parece que el derecho a la objeción de conciencia está por debajo del derecho a abortar», señala. Aunque cree que el perjuicio puede ser también para los profesionales no objetores. «Parece que lo que pretenden es por un lado etiquetar a los ginecólogos que no quieran realizar abortos y por otro que los que no estén en el listado se puedan ver un poco forzados. Me parece que se genera un ambiente desfavorable», sentencia.

Pero no a todos los objetores les importa figurar en ese listado, siempre y cuando se utilice exclusivamente con fines organizativos. «A mí no me incomoda para nada», sostiene Claudia Arispe, ginecóloga en un hospital público de la Comunidad de Madrid, que no tiene ningún problema en que se conozca que objeta a todo tipo de abortos por motivos religiosos. «En cada trabajo en el que entro presento un escrito diciendo que soy objetora para que la dirección médica tenga conocimiento y no haya ningún problema si surge algún caso en alguna de mis guardias o durante el trabajo», explica.

Nunca ha tenido ningún problema por objetar al aborto, aunque afirma que sí nota cierta estigmatización hacia los objetores y su percepción es que los que se oponen a participar en estas intervenciones cada día son menos. Y es consciente de que aunque no es su caso, hay compañeros a los que sí les incomoda tener que inscribirse en un registro para que se respete su voluntad «porque les parece que sí que puede perjudicarnos».

Tampoco se siente incómoda por formar parte de ese listado, «siempre que no se nos vincule con algo político», otra ginecóloga de un hospital público de la capital que prefiere no dar su nombre. A los profesionales que, como ella, tienen plaza fija, duda mucho que les pueda perjudicar ese registro. «Otra cosa son los que no tengan contratos fijos», expone, y se refiere a que en determinados momentos, con futuros cambios de gobiernos, sí pueda llegar a ocurrir. «Esto ya pasó, hace muchos años hubo gente contratada para atender estos abortos, lo que entre los propios compañeros también estigmatiza», defiende.

El pasado martes, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, retomaba la amenaza y avisaba a Ayuso de que le quedaban dos semanas para responder al requerimiento del Ejecutivo sobre la creación de este registro de profesionales. De lo contrario, dijo, el Gobierno iniciará el trámite de un recurso contencioso administrativo para que lo haga. El ministerio que lidera Mónica García estableció a finales de 2024 los criterios para la inscripción de objetores en el listado: solo pueden apuntarse los profesionales de ginecología y obstetricia, de anestesiología y reanimación, los médicos de familia, las enfermeras y las matronas a solicitud del propio sanitario y podrán modificarla o revocarla en cualquier momento.