Los obispos se rebelan ante el plan de indemnización a víctimas: «Es discriminatorio y solo condena a la Iglesia»

Unas medidas que, de acuerdo a la respuesta de la Conferencia Episcopal, el Ejecutivo parece haber tomado de forma unilateral. En un comunicado hecho público apenas una hora después, los obispos plantean que «el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado». De igual forma, reiteran el planteamiento que han hecho en los últimos meses al recordad, que el plan «al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones».

El acuerdo del Consejo de Ministros ha vuelto a pillar a la Iglesia católica con el pie cambiado. O más bien, con varios pasos por detrás en su estrategia de poner fin a la crisis de los abusos. Mientras el Gobierno aprobaba ayer su plan la Conferencia Episcopal había dejado pasar en marzo la oportunidad de presentar su modelo de respuesta .

Las diferentes posiciones internas en el Episcopado impidieron que la Plenaria aprobara, en su reunión del 4 al 8 de marzo, el Plan Integral de Reparación a víctimas de abusos. «Vamos más lentos de lo que queremos», explicó el secretario general, César García Magán. El testigo lo ha cogido, más bien arrebatado, Félix Bolaños que, como ministro de la Presidencia y Justicia, es el encargado de las relaciones con las confesiones religiosas. En la reunión de la semana pasada con Argüello, le presentó el plan, un proyecto que está inspirado en el informe del Defensor del Pueblo, pero que no ha respetado el proceso natural, ya que todavía no se ha presentado ante el Congreso.

De la reunión con Argüello, Bolaños salió entendiendo que había iniciado un diálogo con la Iglesia católica para que «sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia». Una versión que difiere de la planteada por la otra parte, ya que la Conferencia Episcopal explicaba ayer que «ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica» a la par que le manifestaba «su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto».

En definitiva, la misma posición que la Iglesia ha sostenido desde que se conoció la intención del presidente Sánchez de crear un fondo estatal para los menores abusados: los obispos están dispuestos a colaborar como una institución siempre que se reconozca a todas las víctimas de abusos. No ha sido el caso. El acuerdo del consejo de ministros habla de un «reconocimiento y reparación simbólica» para quienes han sufrido abusos «en el entorno de la Iglesia católica». Además, también plantea que debe acompañarse de una «reparación material suficiente para las víctimas», para lo que propone la creación de «un órgano especial de carácter temporal», integrado por «especialistas, que exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones» incluso para aquellos «casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento de la víctima».

Una propuesta que el Gobierno, en caso de haberse leído cualquiera de los titulares sobre el tema de los últimos meses, sabía que no podía prosperar, porque la posición de la Iglesia ha sido firme, aún con el cambio en la presidencia de los obispos. Quizás por ello, el propio documento plantea un plan B: «En el caso de que no se produzca dicha colaboración por parte de la Iglesia católica, la alternativa sería aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctima y las medidas reparadoras que sean adecuadas, pudiendo prever la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas».

El anuncio ha pillado por sorpresa a la Iglesia. Media hora antes de que se hiciera pública la nota de prensa de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Madrid, José Cobo hablaba de la cuestión a preguntas de los periodistas, en el contexto de la rueda de prensa de presentación de sus dos nuevos obispos auxiliares. De forma genérica hablaba de «colaborar con el Estado para afrontar todas las dimensiones de este asunto, asumiendo lo que es prevención y reparación» y pedía tener «siempre en cuenta la centralidad de la víctima». Fuentes cercanas al arzobispado de Madrid han explicado a ABC que en «ningún momento hay que entender esas palabras como una censura a la nota publicada por la Conferencia Episcopal». «Ha manifestado una intención general de colaborar con el Gobierno, pero siempre en la línea marcada por la Conferencia Episcopal, como así se aprobó el la última Asamblea Plenaria», añadieron.

Poco más tarde, y ya con un conocimiento íntegro de la situación, se pronunciaba la Conferencia Española de Religiosos (Confer) para anunciar que «estudiará detalladamente el Plan del Gobierno a raíz del Informe del Defensor del Pueblo, una vez lo haya recibido oficialmente». Aún así sostenía que los «cinco ejes que explicó ayer el ministro de la Presidencia coinciden con las acciones que los Institutos Religiosos están llevando adelante en favor de las víctimas».

De esta forma, la Confer se situaba de nuevo en terreno intermedio, en aparente tierra de nadie, en la que se ha posicionado a lo largo de todo el tiempo en que ha durado la investigación del Defensor del Pueblo. De hecho, los representantes de las congregaciones religiosas se han sentido cómodos cuando Ángel Gabilondo explicaba, a preguntas de los periodistas que la colaboración de la Iglesia era desigual: mientras la Confer le estaba facilitando su trabajo, algunos obispos no respondían e incluso «le reñían».

Una grieta que el Gobierno parece haber querido ahondar con la publicación precipitada de este plan, que oficialmente sólo fue presentado a Arguello la semana pasada aprovechando su visita protocolaria, como nuevo presidente, al ministro Bolaños. Estas son las divergencias intraeclesiales a las que Argüello parece dispuesto a poner fin desde que ha asumido el liderazgo del Episcopado. La Conferencia Episcopal prepara estos días la tercera versión de su informe sobre abusos, 'Para dar luz', y el nuevo presidente se ha empeñado en que la tanto la revisión como la presentación del documento se haga conjuntamente desde la Conferencia Episcopal y la Confederación de Religiosos.

La idea es evitar el bochorno vivido después de la publicación del segundo informe -realizada de forma conjunta al Informe Cremades- cuando Josetxo Vera, director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal y uno de los autores del informe, tuvo que reconocer «algún error significativo». En la práctica, en la versión publicada se hablaba de 806 casos, cuando unas semanas después tuvo que ampliarse hasta 1.057 el número de denuncias. La diferencia de casos se debía a casos de congregaciones religiosas, pero no fueron estas las que advirtieron a la Conferencia Episcopal del error. Callaron hasta que varios medios de comunicación hicieron pública la divergencia.