Preocupación selectiva del Gobierno por los abusos

Sin embargo, todo apunta a ser el inicio de la enésima operación de imagen del Gobierno, en la medida en que plantea que el Estado no se haga cargo de ninguna indemnización, sino que la pague la Iglesia en función de criterios inconcretos, sin el establecimiento de baremos para cada víctima, sin la debida garantía jurídica, y con un señalamiento público de la institución católica. Y además, con un criterio excluyente: nueve de cada diez abusos no provienen de la Iglesia. ¿Quedarán estas otras víctimas expuestas, humilladas y sin tanto celo del Gobierno?