Un tribunal civil ordena al Vaticano indemnizar por despido improcedente a una monja expulsada

La víctima es Sabin Baudin de la Valette, también conocida como Sor Marie Ferréol. Los condenados son la Comunidad de Hermanas Dominicas del Espíritu Santo y quienes tomaron la decisión de expulsarla, el cardenal Marc Ouellet y sus dos colaboradores Jean-Charles Nault y Maylis Desjobert.

Sabin Baudin de la Valette, de 57 años, fue expulsada tras 34 años de vida en el monasterio de Pont Calec, en la Bretaña. Reprocha a su comunidad que no había motivos suficientes para la exclaustración y que no se le dio la oportunidad de defenderse. Además, dice que ahora vive en la indigencia.

El escenario de esta historia es un aparentemente pacífico monasterio situado entre el Canal de la Mancha, el Mar Céltico y el Golfo de Vizcaya. En la ciudad de Pont Calec, estas religiosas dedican su vida a la oración, al estudio y a la enseñanza en un colegio. Allí desde 1987 vivía Sor Marie Ferréol. Es un monasterio de corte tradicionalista pero unido a Roma, fundado por un discípulo del arzobispo francés Marcel Lefebvre.

Según la abogada de la exreligiosa, los problemas comenzaron en 2011 cuando Sor Marie Ferréol denunció «graves abusos y sucesos» en la vida diaria del monasterio. Lo sucedido, que no ha trascendido, envenenó el ambiente de la comunidad.

En 2020, el Papa Francisco encargó al cardenal Marc Ouellet que realizara una visita apostólica al monasterio, término que utiliza el Derecho canónico para referirse a las investigaciones. Ouellet solicitó la ayuda de dos colaboradores, el abad Jean-Charles Nault y la abadesa Maylis Desjobert.

Los tres hablaron con todas las religiosas y con otras personas y el cardenal pasó una semana en la abadía para conocer de primera mano la situación.

Como conclusión, en octubre de 2020, Ouellet ordenó la expulsión temporal de Sor Marie Ferréol, y seis meses después la definitiva por supuestas «mentiras y simulaciones», por «mal espíritu» y por haber creado un «clima de sospecha y de miedo» en el monasterio.

Sor Marie Ferréol, que sigue llevando el hábito religioso, asegura que la decisión se le comunicó en plena noche, y que fue trasladada a un monasterio de Le Mans sin darle tiempo a asimilarlo ni a defenderse. Además, explica que tras la expulsión definitiva fue dejada en la calle y no recibió ningún tipo de ayuda. Por eso en agosto decidió presentar una denuncia contra el cardenal y su equipo de investigadores «por los daños materiales y morales sufridos».

Según sus abogados, la congregación no respetó sus propias reglas para expulsar a uno de sus miembros y solicitaron unos 800.000 euros de indemnización.

El proceso civil comenzó en Lorient en octubre y ya esta semana, el tribunal ha condenado por «despido injusto» al cardenal Ouellet y a sus dos colaboradores. Armelle Picard, presidenta del tribunal, lamenta no haber tenido acceso a las actas y a la sentencia de la «visita apostólica» y dice que lo único que entonces se reprochó a la exreligiosa era la «manipulación de personas, comentarios críticos y destructivos, ataques contra la verdad, espíritu rebelde y crítica sistemática», sin concretarle a qué circunstancias se refieren.

El tribunal considera que no fue respetado el procedimiento de despido, pues se produjo sin informar sobre los hechos concretos de los que se le acusa, sin aviso previo, sin una propuesta previa y sin posibilidad de defenderse. Consideran un agravante el hecho de que no se proporcionara ayuda a la religiosa después de la expulsión, pues había prestado servicio en el monasterio durante tres décadas y fuera de aquel lugar carecía de recursos.

Además, acusan al cardenal Ouellet de «abuso de derecho y de falta de imparcialidad». El purpurado ha rechazado participar en el proceso y no ha demostrado documentalmente que tomó en nombre del Papa la decisión de expulsar a la religiosa. Por otro, una de sus propias colaboradoras mantenía una tensa disputa con Sor Marie Ferréol y se apunta que pudo condicionar la decisión final.

Como resultado, el tribunal civil ha impuesto a los tres acusados y al monasterio el pago de una indemnización de más de 200.000 euros. Al cardenal le corresponde pagar unos 100.000 euros de los 182.400 que se corresponden a los daños materiales y de los 10.000 por los morales. Además, la comunidad deberá añadir otros 33.622 euros por no haberla ayudado tras la expulsión.

La abogada de la exreligiosa, Adeline Le Gouvello, explica que «el reconocimiento de los daños materiales y morales es esencial, pero es sólo el primer paso hacia el objetivo principal: que se admita que se cometió una injusticia, que Sor Marie Ferréol sea moralmente rehabilitada y que pueda regresar a una comunidad religiosa». Con estos precedentes, no será fácil que otra comunidad se atreva a dar ese paso.