Los obispos condenan la maternidad subrogada: «Usa el cuerpo femenino y reduce a la persona a ser una incubadora humana»

Así, aunque Magán insistió en la rueda de prensa que el nuevo documento sobre vientres de alquiler «nada tiene que ver con noticias que han salido en los últimos días» y no quiere «hacer mención a ningún caso concreto, ni mediático ni oculto», la clara referencia implícita al reciente anuncio de Ana Obregón, evidencia el oportunismo del texto.

En su nota, los obispos consideran que la maternidad subrogada es «contraria a la dignidad de la persona humana, pues usa el cuerpo femenino, y toda su persona, reduciéndola a ser una incubadora humana». Además, también alertan de que todos esos casos «hay una fecundación artificial heteróloga que «es contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio».

Noticia Relacionada

La Conferencia Episcopal, crítica con la gestación subrogada: «una mujer no puede ser una incubadora»

José Ramón Navarro-Pareja

Sobre el caso concreto de la presentadora Ana Obregón, García Magán ha asegurado que esa niña «por supuesto que tiene derecho a ser bautizada»

En ese sentido, recuerdan que «el fin nunca justifica los medios y que toda persona humana es fin en sí mismo». «Negar estas verdades nos llevaría a afirmar que todo lo técnicamente posible se puede realizar y a legitimar la cosificación y el uso de unas personas por otras», añade.

Con unas duras palabras, la nota señala que «con el llamado 'útero de alquiler' se convierte la maternidad en objeto de comercio, que se compra y se vende». De esta forma, «la mujer queda reducida a un simple instrumento, un 'útero' a disposición del contratante, abriendo el camino a la explotación y a la comercialización de la persona humana. El contrato se culmina con la entrega del niño», sentencian los obispos.

El documento también recuerda doctrina eclesial en este sentido e incide en que «una vida humana es un don y no un derecho». Así, los obispos reconocen «la legitimidad del deseo de un hijo» a la par que comprenden «los sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de la infertilidad», pero consideran que ese deseo «no puede ser antepuesto a la dignidad que posee cada vida humana hasta el punto de someterla a un dominio absoluto». «El deseo de un hijo no puede justificar la «producción» del mismo», resumen con contundencia.

En ese sentido inciden en que «no existe un 'derecho a la procreación' y por tanto un 'derecho al hijo'». Frente a ello, contraponen «el bien del niño», puesto que «ninguna vida humana debe ser considerada como un producto o un bien de consumo».

Tampoco olvidan a los niños que ya han sido gestados por este procedimiento para los que reclaman que se busque «la mejor solución acerca de su estatus jurídico, siendo conscientes que tienen toda la dignidad y merecen ser acogidos y respetados». «Un niño, independientemente de cómo haya sido concebido, ha de ser amado y respetado en sus derechos», añaden.

La actualidad mediática de la nota –que en realidad es, en su mayor parte, una recopilación de textos doctrinales ya publicados–, restó relevancia a otro de los anuncios: la aprobación de una nueva instrucción sobre abusos sexuales a menores y personas vulnerables. Un «nuevo ropaje jurídico», en palabras de García Magán, que debe permitir a los obispos enfrentar con mayor decisión la lucha contra esta lacra en el seno de la Iglesia. El documento, que «unifica y explica el derecho canónico vigente sobre la materia» será de obligado cumplimiento para las diócesis, congregaciones religiosas y laicos que estén al frente de entidades eclesiales.

El anuncio de la aprobación de esta instrucción, hecho por el nuncio del Papa, Bernardito Auza, el pasado lunes en sus primera palabras a la asamblea plenaria, cogió por sorpresa a buena parte de los presentes en el acto, incluidos bastantes obispos.

De hecho, el orden del día oficial facilitado a la prensa no contemplaba la cuestión de abusos (cuando es un tema habitual en las últimas plenarias) y el propio presidente, el cardenal Juan José Omella, que había hablado sobre la cuestión en su discurso inaugural, tampoco había hecho ninguna referencia a una decisión tan importante. Más tarde, era la oficina de comunicación, la que tenía que confirmar a los medios, que la aprobación sí estaba dentro de los trabajos de la Asamblea Plenaria.