Multas de hasta 1.500 euros diarios por incumplir fallos lingüísticos

Eso significa, según apunta en declaraciones a ABC el abogado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano —entidad integrada en la plataforma Escuela de Todos—, que todas las escuelas e institutos que están incumpliendo los fallos que les obligan a impartir al menos un 25 por ciento de castellano en sus aulas podrían tener que hacer frente a estas sanciones. Entre ellos se encontraría el Josefina Ibáñez de Abrera (Barcelona), uno de los ocho centros que decidió, siguiendo las instrucciones de la Generalitat, retirar la proporción de castellano en sus aulas pese a tener una sentencia firme que le dicta esa proporción, y que ayer recibió un ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El alto tribunal catalán dio un plazo de 10 días a la escuela para que cumpla la sentencia de marzo de 2021 -ratificada en agosto por el Tribunal Supremo (TS)- que le obliga a impartir esa proporción de castellano a dos alumnos de Educación Infantil y a anular, además, su proyecto lingüístico, por no incluir el castellano como lengua vehicular.

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El TSJC da diez días a un centro que retiró el 25% de castellano para que lo restablezca y anule su proyecto lingüístico

Esther Armora

El mismo tribunal dictó en marzo de 2021 una sentencia, ratificada por el TS, que obligaba a esta escuela de Abrera a impartir esa cuota de español a dos alumnos y a modificar su plan de lenguas por no incluir el castellano como lengua vehicular

La sentencia de 2021 del TSJC obligaba al colegio a impartir a dos alumnos (uno de P3 y otro de P4) y por extensión a sus compañeros de aula una asignatura troncal en castellano, que no fuera la de Lengua y Literatura Castellana. Le instaba, asimismo, a anular su proyecto lingüístico «en la medida en que no contempla el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán». La Generalitat interpuso un recurso de casación contra el fallo y ahora el TSJC le da diez días de plazo para que lo cumpla. La Generalitat había recurrido la decisión del alto tribunal catalán considerando que los padres recurrentes no tenían legitimidad pero el Supremo no lo admitió e impuso 1.000 euros de costas a la administración catalana. «Si transcurre el plazo que le ha dado el TSJC y no acata la sentencia, notificaremos el incumplimiento al tribunal y éste puede hacer varias cosas: instar al centro a que la cumpla, multarlo, abrir un procedimiento penal por desobediencia...», precisa Domingo.

Por otro lado, el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, recordó ayer en el Desayuno de Fórum Europa, celebrado en Madrid, que «son las autoridades nacionales las que tienen que garantizar la aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales». Lo dijo a propósito del incumplimiento por parte del gobierno de Cataluña de la sentencia de diciembre de 2020 del TSJC que obliga a impartir un 25 por ciento de castellano en todo el sistema educativo.

Reynders, conocedor del problema del incumplimiento de la citada sentencia, dijo que «si hay falta de implementación de una sentencia judicial y el Estado no tiene capacidad de aplicar la implementación de dicha sentencia, quizás haya que empezar con una advertencia en el Rule of Law Report (Informe sobre el Estado Derecho que elabora la CE) y ver qué pasa».

Las asociaciones que integran la plataforma Escuela de Todos valoraron muy positivamente el pronunciamiento del comisario, que según precisaron, «refuerza nuestra reivindicación por el bilingüismo y el cumplimiento de los fallos que amparan el derecho a recibir, al menos un 25 por ciento de clases en castellano».