El TSJC reafirma el 25% de castellano en seis nuevos centros un día antes de que el Govern se reúna con los directores

Era la primera vez que la Justicia respondía y rechazaba la petición de la Consejería catalana de Educación, que dirige Josep Gonzàlez-Cambray, de suspender la aplicación de esta medida lingüística en todos los centros que estaba vigente por orden judicial. Se auguraba una cascada de resoluciones en el mismo sentido, y así ha sido.

El alto tribunal catalán ha ratificado el 25 por ciento de castellano en otros seis centros educativos (con éstos son ya ocho los que mantienen la cuota lingüística) apelando a las mismas razones que en los autos de la pasada semana. Lo ha hecho 24 horas antes de que el consejero se reúna con los directores de los centros con medidas cautelares o sentencias firmes que imponen esa cuota lingüística en sus aulas. La reunión estaba prevista para el pasado viernes, un día después de notificarse los dos primeros autos, y fue aplazada por motivos que el departamento no concretó. Las cautelares ratificadas por el TSJC afectan a las escuelas de Sant Pere de Ribes (Barcelona), Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Canet (Barcelona), Cubelles (Barcelona), Tarragona, Els Pallaressos (Tarragona).

El TSJC considera que la nueva normativa autonómica, aprobada por el Govern para frenar la aplicación de la sentencia que impone un 25% en todo el sistema educativo, no impide fijar porcentajes lingüísticos y advierte de nuevo a la Generalitat de que «cualquier modificación que pretenda realizar sobre dichas medidas debe ser aprobada por este tribunal».

El Govern había pedido en agosto la revocación de las cautelares en todos los centros que aplicaban el porcentaje lingüístico, alegando la existencia de un nuevo marco normativo que aprobó 'in extremis' hace unos meses para paralizar la aplicación de la sentencia firme que obliga a impartir un 25 por ciento de castellano en todo el sistema educativo catalán y que impide el uso de porcentajes lingüísticos en la enseñanza catalana.

El alto tribunal señala a la Generalitat que su nuevo marco normativo «en ningún caso incide de forma instantánea sobre situaciones jurídicas individuales ya reconocidas»