El rastro clínico del aborto de una mujer desaparecerá a los 5 años

Pese a la intención inicial del Ministerio de Igualdad, no se trata de una ley nueva. La 'ley Aído' de 2010 (Ley Orgánica 2/2020, de 3 de marzo) se «modifica» con otra Ley Orgánica y se «adapta» a la realidad, doce años después: el anteproyecto, al que ha tenido acceso ABC y que llega previsiblemente este martes en segunda vuelta al Consejo de Ministros, acaba con dos elementos que, a juicio de la ministra Irene Montero, frenaban el ejercicio del «derecho al aborto libre, gratuito y universal» de las mujeres en nuestro país. A saber, el periodo de reflexión de tres días y el sobre informativo que se daba a la mujer encinta para que se reafirmase en su decisión, ofreciéndole ayudas a la maternidad antes de interrumpir su embarazo. Con la reforma, será la mujer quien pida ese sobre de manera voluntaria si así lo considera.

El texto recoge como imprescindible que el Estado «cuente con la participación de las organizaciones feministas» en toda decisión que ataña a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas trans con capacidad de gestar; además de poner «el enfoque de género» en las medidas que implementa, como el reparto de anticonceptivos en cárceles y colegios. La «anticoncepción tiene que plantearse con corresponsabilidad mediante la eliminación de roles sexistas», señala. En una disposición adicional, se «garantiza la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, incluidos los métodos reversibles de larga duración».

En el texto final del anteproyecto figura, como novedad, la protección de los datos de las mujeres que aborten. Se modifica el artículo 23 de la anterior norma y se añade una cuestión llamativa: se destruirá el rastro informativo que deja un aborto. Los datos de la paciente que tenga el centro que haya interrumpido su embarazo desaparecerán a los cinco años desde la fecha de alta. Su historia clínica no se conservará, solo la documentación esencial.

La norma incorpora una batería de preceptos para «reconocer nuevos derechos» -dice-, como «el de la salud menstrual»; y pretende poner fin a «los obstáculos a los que se han enfrentado las mujeres» en el acceso al aborto en la última década. De acuerdo con el redactado, esas trabas remiten a que «la inmensa mayoría de las interrupciones se acaban produciendo en centros extrahospitalarios de carácter privado», aunque reconoce que en una década esa situación se ha recortado en casi diez puntos porcentuales (de un 88,55% en 2010 al 78,04% en 2020). «Estamos muy lejos de que se pueda garantizar el grueso de abortos en centros de titularidad pública», se expone en la norma, al tiempo que pone el acento en que en cuatro autonomías (que son Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Murcia) no se registra un solo aborto en dichos centros. Por ello, el 'leitmotiv' es que los hospitales públicos garanticen el aborto a una mujer o la deriven a un centro concertado, reducir la disparidad territorial y elaborar un informe anual por región y provincia.

Por otro lado, Igualdad pide a Educación que la educación afectivo-sexual se contemple en todas las etapas de la enseñanza (no regula el acceso a la pornografía, como en principio se quiso); y se combatan los estereotipos sobre la menstruación desde muy jóvenes. Además, se articulará una Estrategia de Salud Reproductiva para los próximos cinco años, renovables por otros cinco.

Había «necesidades de regulación específicas», apunta el anteproyecto, siendo una de ellas la objeción de conciencia del ginecólogo que no quiera efectuar un aborto: su negativa «se mantendrá en la red pública y privada, la pondrá por escrito y con antelación» a la aplicación de la norma. Si no lo hacen, enfrentarán multas de inhabilitación que van de seis meses a dos años. Habrá un registro autonómico con sus nombres; y en cada hospital se facilitará su reemplazo por otro profesional.

Tal y como publicó ABC el pasado mayo, la ley asume la participación de la Alta Inspección del Estado para vigilar que se están practicando abortos en todos los hospitales públicos, o su derivación a centros acreditados en las 50 provincias; e introduce al Defensor del Pueblo y las defensorías autonómicas y locales para que la ciudadana que vea vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos pueda denunciar una actuación irregular en esta materia. La ley resuelve otro tema que había generado controversia: se aplicará a todos los residentes en España, con independencia de si su residencia es legal o no.

Junto a ese asunto, que suscitó la petición de reformar la ley de Extranjería, el primer paso de esta reforma por La Moncloa estuvo marcado por días de debate entre ministerios (un claro desacuerdo entre Economía, Hacienda e Igualdad) por la introducción de la incapacidad laboral temporal por reglas incapacitantes, permiso que finalmente sí se agrega en el último texto y que asumirá el Ministerio de Seguridad Social. Igualdad calcula que un 1% de las mujeres de 16 a 50 años y con trabajo se acogerán a la baja, unas 60.000.

El mismo enfrentamiento se repitió con el gravamen de los productos de higiene femenina, que no incorpora el anteproyecto, a la espera, como se consensuó entre las dos alas de la coalición la pasada primavera, de aplicar esa rebaja del IVA con cargo a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Los costes de la ley

Permiso preparto desde la semana 39

Finalmente, el permiso retribuido para la mujer que vaya a tener un hijo se concederá desde la semana 39, y aunque la mayor parte de gestantes ya se encuentran de baja médica a esas alturas del embarazo, Igualdad estimó que sufragar esta partida costará 57,1 millones de euros.

Bajas por regla dolorosa

El anteproyecto recoge los permisos por regla dolorosa, desde el primer día de incapacitación y con cargo a los fondos públicos. Modifica las condiciones para que funcionarias y trabajadoras de las Fuerzas Armadas se acojan a esta baja. Aunque en un primer momento estimó en 23,8 millones de euros su coste, el Estado calcula un sobrecoste de hasta 57 millones por esta medida. En total, el Estado movilizará 104,4 millones de euros para esta reforma, aunque en su memoria se eleva a 189 millones.

No baja el IVA

Bajar el IVA a productos menstruales como compresas y tampones elevaría el déficit público un 0,05%, cifró Hacienda. De momento esta medida no se incluye en la ley y se dejará al albur de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este otoño.