El mar Menor consigue «personalidad jurídica» cuando ya tiene siete mecanismos de protección legal reconocidos

Una norma que llega cuando la laguna salada más grande del continente ya cuenta con al menos siete mecanismos legales de protección, que han «fallado», según ha quedado de manifiesto durante el debate en la Cámara Alta, donde solo Vox se ha opuesto a la ley con una propuesta de veto sin éxito. Existe ya un parque regional (Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar) y dos paisajes protegidos (el Paisaje Protegido del Cabezo Gordo, y el Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del mar Menor). También se han declarado diversas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC); el mar Menor ha sido también reconocido como Humedal de Importancia Internacional (sitio Ramsar); y está asimismo incluido en la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Área del mar Menor y zona oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia.

También este miércoles, había una propuesta que no ha prosperado en la Asamblea de Murcia para hacer el mar Menor parque regional, presentada por Podemos y rechazada con los votos de PP, Vox y Grupo Liberal.

«Nadie duda de que el equilibrio ecológico del mar Menor se halla en grave peligro, y de que su preservación requiere de una enérgica acción por parte de las administraciones afectadas que se ponga como objetivo compatibilizar su preservación con las necesidades de los agricultores del Campo de Cartagena», opina el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores. No obstante, «la tesis de que el instrumento para hacer esto posible sea conceder 'personalidad jurídica' a la laguna constituye una extravagancia jurídica, lindando a la demagogia«, a su juicio.

En su análisis del texto de la ILP, este experto explica que la personalidad jurídica «solo tiene sentido si va ligada a la capacidad de obrar: si quien es titular de derechos, dispone de medios para ejercerlos por si mismo. Y evidentemente ese no es el caso de una laguna que aun estando llena de vida, dista mucho de tener juicio propio».

En consecuencia, concedérsela puede constituir bien un «brindis al sol«, bien un »subterfugio« para conceder a otros esos medios de actuación legal. »Y este es el caso del texto que nos ocupa, que procede a la creación de un sinnúmero de foros de dudosa legitimidad democrática, y amparo legal si cabe mas incierto, que a partir de ahora hablarán «en nombre» del mar Menor«, según Flores. Para este catedrático de la Universidad de Valencia, así se »sustituye« a las instituciones regionales murcianas, «auténticas depositarias del voto popular, y en consecuencia del deber de defender la laguna».

En cuanto a las repercusiones previsibles, a su entender, la norma introduce cláusulas de «extraordinaria peligrosidad«, como la que establece que »cualquier persona física o jurídica estará legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor«. Y se pregunta: »¿Qué sucederá el día que un ciudadano se ampare en esta norma para exigir una medida, y otro haga exactamente lo mismo para solicitar la medida contraria?«

También resulta de transcendencia que esta ley prescribe que el ciudadano que ejerza esa facultad «tendrá derecho a recuperar todo el coste del litigio emprendido, incluyendo los honorarios de los abogados, procuradores, peritos o testigos». Entonces, ¿qué sucederá si son cientos o miles los ciudadanos que se embarcan, uno tras otro, en iniciativas de este tipo?, se pregunta Flores.

En la defensa de la ILP, el senador del PSOE Fernando Lastra Valdés ha puesto de relieve que se trata de la «primera vez» que se impulsa una ley de estas características y «Europa está mirando este esfuerzo de participación ciudadana», con el impulso de varias universidades y alcaldes, sobre todo, de 640.000 personas que han ratificado esta iniciativa con sus firmas.

Como principal valor, además, ha resaltado el espíritu de una norma que refleja que «el hombre no es el centro de la Naturaleza, sino un elemento más».

También en un posicionamiento favorable, Juan María Vázquez Rojas (PP), ha valorado «una ley con luces, pero también con sombras, que no se debería haber tramitado por urgencia para contar con un periodo de reflexión, pero que la exigen los ciudadanos». Ahora, «el reto está en adaptar la ley al marco europeo» y los populares confían en que sea una norma que sirva para «unir y no separar», y que tampoco derive hacia una «ciencia a la carta».

En su intervención en el Senado, Vázquez también ha criticado que el plan «vertido cero«, consensuado con agricultores, lo tiene el Gobierno del PSOE «guardado en un cajón». Además, los agricultores han sabido «adaptarse» y ser «innovadores» con el aprovechamiento eficiente del agua, de form que han demostrado ser «parte de la solución» en este problema, y en su gran mayoría ya han acreditado que no contaminan ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El único rechazo a la ILP, por parte de Vox, quedó expuesto en la propuesta de veto defendida por José Manuel Marín Gascón, quien se refirió a la ley como «Comisaría política» y abogó por aprovechar las fórmulas legales ya existentes para proteger el mar Menor. También lamentó que la norma cuestione «la posición central del hombre en la Naturaleza».

En el debate, la senadora de Junts María Teresa Rivero Segalàs ha relacionado la ILP como mecanismo de porque el se atienden las demandas del pueblo con el referéndum por la independencia: «El Gobierno de Cataluña está en el exilio por haber dado voz al pueblo», comparó.