El mar Menor tendrá tutores y personalidad jurídica propia

La ponencia se debatió ayer en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta con las únicas dudas de unas enmiendas del PP y Vox que no prosperaron y podrían volver a someterse a votación en la sesión plenaria definitiva en pocos días. Salvo un cambio de criterio de última hora del PSOE, que avaló también la iniciativa, la norma tendrá luz verde. El PP en el Senado invitó a todos ayer a «remar» para proteger a la laguna con una «novedosa fórmula jurídica», dijo el senador Francisco Martín Bernabé.

«Hemos triunfado», resumió la catedrática y profesora de Filosofía Teresa Vicente, principal impulsora de esta ley única en la que trabajan expertos de varias universidades. «La novedad es que estamos encabezando un movimiento europeo y mundial por reconocer derechos a sistemas naturales con vida, cuando a lo largo de la historia ya se les ha concedido hasta a las empresas«, destaca Vicente.

Hasta la fecha, los excesos y la contaminación en la laguna salada han tenido poca respuesta por parte de las autoridades, a su juicio: «No hemos respetado a la naturaleza, nos hemos dedicado a explotar sin límites, pero así se abre la vía del derecho positivo a que espacios naturales tengan derechos«, argumenta, además de comparar este avance con movimientos sociales de envergadura en la historia, como el fin de la esclavitud o el feminismo. »Los derechos aparecen cuando no se respetan, como hemos visto en el pasado con las mujeres, con los esclavos o con el maltrato a los niños«, pone como ejemplos la redactora principal de la ILP. Para conseguir sus objetivos, harán »políticas públicas que desarrollen estos derechos, no solo en el mar Menor, las leyes están colapsando«, a su juicio.

La principal diferencia entre el estatus jurídico actual de la laguna y el que va a tener ahora por la ILP respaldada por 680.000 firmas (medio millón era el mínimo necesario) es que pasa a tener «derechos de sujetos», mientras hoy tiene los de «objetos».

Vicente considera que esta «justicia ecológica para defender la vida» ya ha tenido su efecto, la simple tramitación de la ILP, porque en Murcia «no es casualidad» que se hayan producido sentencias recientes del Tribunal Superior de Justica declarando ilegales hectáreas de riego pozos.

Dotar de personalidad jurídica a la laguna y su cuenca implicaría un límite al ejercicio de otros derechos que pueden deteriorar la laguna, como el derecho a la propiedad, la libertad de empresa y el desarrollo económico.

Para Santiago González-Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, este tipo de normas «genera una incertidumbre notoria» al no regirse por el funcionamiento conocido de los «mecanismos» legales, por lo que ve «más consigna política que base jurídica» detrás de esta iniciativa.

«Cuando se presentó en Murcia, me sentí muy incómodo por las continuas ofensas al Derecho Administrativo, se ve un ánimo de criminalizar abiertamente, y al buscar responsables tiene que ser por la vía del Derecho Penal«, opinó González-Varas, que mostró su »respeto« por las buenas intenciones de los impulsores de la ILP, aunque sin compartir esa forma de darle cuerpo legal. »Si va a servir para eso, es preocupante, un maniqueísmo de buenos y malos, el Derecho no es así«, añadió.

Otras fuentes jurídicas consultadas coincidieron en su escepticismo hacia la aplicación: «Una personalidad jurídica debe tener poder de decisión y también ser imputable», lo que 'a priori' no parece encajar con el mar Menor.

«Hay que preguntarle a quien lo ha inventado, no sé para qué sirve, qué es, suena raro, extraño, como a tema político, con el actual Gobierno da la impresión de que con esto se resuelven todos los males, es algo muy español», interpreta González-Varas.

Una de las novedades teóricas de la futura ley es que un simple particular podrá denunciar que no se respetan los derechos del mar Menor por la contaminación, por ejemplo. «No está pensada para que vayamos todos a los juzgados y colapsarlos», puntualiza Teresa Vicente, más bien se trata de «distribuir los derechos entre todos los vivos». Esta posibilidad tampoco encaja en la concepción jurídica del catedrático de la Universidad de Alicante: «En el Derecho administrativo hay acciones públicas o populares, si no hace falta legimitación, pero depende de la ley autonómica correspondiente, cuando hay un daño material».

En realidad, está previsto articular esa vigilancia medioambiental de la laguna murciana través de tres nuevos órganos: un comité de representantes, otro de seguimiento y uno científico. Del primero formarán parte tres miembros de la Administración central y otros tres de la comunidad de Murcia, junto a siete de la parte ciudadana, inicialmente, los impulsores de la ILP.

La Plataforma que promueve la Personalidad Jurídica del Mar Menor celebró ayer en un tuit que «empieza la cuenta atrás para que termine el plazo de la ILP». «Si puedes ir, nos gustaría que nos acompañases» ya que «si la ley se aprueba será un día muy grande y de muchas celebraciones para el mar Menor».

Otros ecosistemas que cuentan con una personalidad jurídica están fuera de Europa, como algunos ríos en Colombia, Ecuador, India y Nueva Zelanda, a petición de varias poblaciones indígenas que los consideran al mismo nivel jurídico que los individuos.