Malestar en la Comisión Europea por el uso electoralista del dossier sobre el parque de Doñana

En esta misiva, la directora expresa su «honda preocupación» por el impacto que pueda tener en Doñana la regularización de regadíos que «agravarían la situación y pondrían en grave riesgo» el cumplimiento de lo dictado por Luxemburgo

La actitud de la directora general contrasta con la de su superior, el comisario el ramo, el lituano Virginijus Sinkevicius, que ha demostrado tener una gran capacidad de diálogo y ha aceptado reunirse con todos los que se lo han pedido, para escuchar sus posiciones.

Lo que más sorprendió de la carta de Fink-Hooijer en medios políticos de Bruselas fueron las críticas directas a una ley que ni siquiera se ha redactado formalmente, sino que apenas se encuentra en los primeros estadios de su elaboración. Generalmente, la Comisión tiene como política no pronunciarse públicamente en en términos tan tajantes sobre una iniciativa legislativa antes de que sea aprobada por la autoridad correspondiente.

De hecho, la respuesta oficial a la pregunta de por qué la directora general había roto esa regla ha sido precisamente indicar que esa carta no estaba destinada a ser publicada: «No hacemos comentarios sobre nuestros intercambios administrativos con las autoridades nacionales en el marco de los procedimientos de infracción, que no son públicos», aseguró a ABC el portavoz de Sinkevicius.

A la vista de la tensión generada, la nota con la que la Comisión informó del resultado de la entrevista del comisario con el consejero andaluz Ramón Fernández-Pacheco, mantenía las críticas al proyecto de la Junta tal como había dictaminado la directora general y a la que no podían desautorizar, pero intentaba guardar cierto equilibrio al recordar también que es necesario que el Gobierno central cumpla los requerimientos de la justicia europea que le corresponden directamente.

Sin embargo, que Sinkevicius recibiese después a la portavoz del grupo socialista en el Parlamento Europeo Iratxe García, además en esta condición política, reavivó el aspecto político del debate y provocó que, en respuesta, también solicitase una reunión el portavoz del grupo popular, el alemán Manfred Weber, al que acompañaron los eurodiputados Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido.

Fue en esta reunión en la que Weber, como reconoció después públicamente, le reprochó al comisario que estuviera «haciendo la campaña de Sánchez» para las municipales del próximo 28 de mayo, que es una acusación inédita en los usos políticos bruselenses.

Tal vez por ello, este último episodio ha hecho mella en la Comisión y desde entonces, sus portavoces han dejado de mencionar directamente la cuestión del proyecto de ley andaluz y cuando se les pregunta a los portavoces sobre ello, como hizo este periódico el viernes, y afirman que «la ejecución plena y oportuna de las sentencias del Tribunal de Justicia es una prioridad para la Comisión. Es responsabilidad de España cumplir la sentencia del TJUE sobre Doñana, y la Comisión está desempeñando su papel de Guardiana de los Tratados. Estamos en contacto con las autoridades españolas para apoyar el proceso de cumplimiento«.