Bruselas ve un peligro en el plan de regadíos de Andalucía, pero reprocha al Gobierno su inacción en Doñana

El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, ha recibido en su despacho de Bruselas al consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que le ha explicado los detalles de la proposición de ley que pretende legalizar una zona de cultivos agrícolas dentro del parque, y se ha comprometido a «evaluar cuidadosamente las aclaraciones proporcionadas en las cartas del Gobierno español y del Gobierno andaluz» que le enviaron el pasado viernes.

En el resumen de la reunión, el ejecutivo comunitario ha intentado no verse involucrado en la disputa política entre las dos administraciones españolas, en las proximidades de una convocatoria electoral. Así dice por un lado que están «profundamente preocupados porque la legislación andaluza, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000».

Sin embargo, a renglón seguido insiste en que «la ejecución plena y oportuna de las sentencias del Tribunal de Justicia es una prioridad para la Comisión» y sobre todo porque «las medidas adoptadas hasta ahora por España, para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de junio de 2021 en relación con Doñana no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta».

Es decir que no le gusta la propuesta de la Junta, pero tampoco la inacción del Gobierno en lo que le corresponde de la ejecución de la sentencia de hace dos años y le dice además que oponerse a los planes del Gobierno andaluz no sirve como pretexto.

Para la Comisión, los valores naturales excepcionales de Doñana deben preservarse, ya que son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto» y sus técnicos estiman que «el proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre los estratos de agua subterránea ya sobreexplotados».

Sinkevičius se ha declarado «consciente de la importancia del riego para la economía local» pero recuerda que «la legislación europea exige un uso sostenible del agua y la conservación de los lugares protegidos, en beneficio de todos los usuarios del agua y de los espacios protegidos. especialmente en el clima actual de severo estrés hídrico».