La ley de Puig priorizó la huerta a las obras contra inundaciones en la zona de la rambla del Poyo
Una norma de la izquierda valenciana interfirió con las infraestructuras que iban a aliviar el riesgo de riadas
El peligro se conocía: hay registradas al menos 68 crecidas en el barranco, más de una decena desde el año 2000
El riesgo de inundación en el barranco del Poyo se conocía. Es un fenómeno recurrente, como atestiguan las 67 crecidas reconocidas en el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas; más de una decena solo en este siglo. A ellas se suma ahora una más, la del pasado 29 de octubre ... , cuando el agua descargada por la DANA cogió fuerza, volumen y velocidad por el barranco hasta arrasar Paiporta, Catarroja y Benetússer, entre otras localidades. Pero uno de los grandes proyectos para hacer frente a las crecidas extraordinarias en esta zona quedó paralizado por una ley autonómica de 2018, la ley de la Huerta. «Queremos hacer de la huerta un espacio vivo», decía el discurso de marcado cariz ecologista que enarbolaba la izquierda valenciana en la primera legislatura de Ximo Puig al frente del Gobierno autonómico y que quedó plasmado en forma de legislación.
La Ley de Protección de la Huerta Valenciana fue aprobada el 22 de febrero de 2018 con los votos a favor del PSPV-PSOE y Compromís, que gobernaban en coalición de la Generalitat, y de Podemos, que prestaba respaldo parlamentario al Ejecutivo presidido entonces por el socialista Puig. El Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de la ley que, en síntesis, perseguía la «preservación y recuperación» de los espacios agrarios del área metropolitana de Valencia.
En aquel momento, el cambio en los usos del suelo que forzaba esta ley no pareció un problema frente al riesgo de inundación de la zona. Nadie pensó en los proyectos para llevar parte del agua del barranco del Poyo al nuevo cauce del río Turia, que llevaban sobre la mesa al menos desde 2007. De hecho, la declaración ambiental y territorial que elaboró la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en manos de la socialista María José Salvador, destacó que «la Huerta contribuye a mitigar este riesgo de inundación de diversas formas».
Zonas inundadas
y de riesgo
Zonas afectadas por las inundaciones
Menos riesgo de inundación
Más riesgo de inundación
Río Turia
Barranco
del Poyo
Aldaia
Valencia
Torrent
Alfafar
Paiporta
Catarroja
Río Magro
La Albufera
Fuente: Aemet, Confederación Hidrográfica
del Júcar, Map Tiler y elaboración propia /
ABC / JdV y JTS
Zonas inundadas y de riesgo
Zonas afectadas
por las inundaciones
Menos riesgo
de inundación
Más riesgo
de inundación
Río Turia
Barranco
del Poyo
Cheste
Aldaia
Valencia
Chiva
Torrent
Alfafar
Paiporta
Catarroja
Río Magro
La Albufera
Fuente: Aemet, Confederación Hidrográfica del Júcar, Map Tiler y elaboración propia /
ABC / JdV y JTS
El informe reconocía «la elevada peligrosidad» de la zona. «La Huerta ocupa la llanura de inundación de varios ríos y barrancos: Turia, Carraixet, Calderona, Poyo, etc., y es de los territorios valencianos más propensos al riesgo de inundación», evaluaron. En su opinión, el terreno agrícola aliviaba el riesgo «por evitar el sellado de suelo en más de 10.000 hectáreas» y facilitar la permeabilidad, así como integrar «aquellos suelos con peligrosidad significativa en la infraestructura verde». «Pero además, el suelo agrícola puede actuar como receptor de la inundación de forma temporal y contribuir a evitar daños a personas y bienes. Por lo tanto uno de los servicios ambientales más valiosos de la Huerta es precisamente su protagonismo en la mitigación de inundaciones», concluyeron.
Empeño de Compromís
En el debate parlamentario de la ley los socialistas defendieron que el objetivo era «hacer de la huerta un espacio vivo». Sin embargo, pese a admitir que la zona afectada ahora por la DANA era una de las de «mayor riesgo de inundación», más allá de elaborar un plan de acción territorial no se plasmó en actuaciones concretas.
La ley fue uno de los empeños de Compromís, que hizo bandera de ella con Enric Morera, entonces presidente de las Cortes Valencianas, a la cabeza. Fue impulsada desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente bajo el mandato de la independiente Elena Cebrián, que dejó el Gobierno de Ximo Puig antes de que la nueva legislación sobre la huerta entrara en vigor. Tras un paréntesis en el que dejó la política, en febrero de 2020 fue nombrada secretaria general para el Reto Demográfico, un órgano del Ministerio para la Transición Ecológica, a las órdenes de Teresa Ribera, quien entonces ya era vicepresidenta cuarta del Gobierno de Sánchez.
El problema es que cuando la Ley de la Huerta Valenciana se aprobó, interfería con los planes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), un órgano dependiente del gobierno central, que llevaba años planteando la ejecución de un desvío del cauce para poder hacer frente a las crecidas extraordinarias, consciente del riesgo. Ya en 2007 se habían hecho estudios sobre la peligrosidad del barranco, según explicó a ABC uno de los integrantes del proyecto, Félix Francés, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero, en plena crisis económica, hubo limitaciones presupuestarias que fueron retrasando el proyecto.
En su etapa como directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Teresa Ribera también fue informada de los proyectos que pretendían evitar inundaciones en las localidades por las que transcurre el barranco del Poyo. Tanto es así, que el 16 de diciembre de 2011 estampó su firma en la resolución por la que se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente La Albufera.
Tardanza
El problema de la incompatibilidad de las obras, sin embargo, ha tardado años en estallar. De hecho, la memoria del último Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (2022-2027) preveía que la ejecución del desvío del barranco del Poyo aguas arriba de Paiporta comenzaran en 2022, tras haber superado el análisis de coste-beneficio.
Pero, según figura en la plataforma de contratación del sector público, fue ese mismo año, a finales de 2022, cuando se constató la incompatibilidad. «El trabajo inicialmente planteado es incompatible con el Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de Valencia. Una vez estudiada la inviabilidad de actuar en el tramo inicialmente previsto, se justifica la necesidad de cambiar el tramo inicial de estudio», dice la modificación del contrato.
Pese a todo, aseguran fuentes de la CHJ, ante la DANA acaecida, el desvío aguas arriba de Paiporta hubiera sido «una solución complicada», ya que «hubiera sido muy arriesgado llevar agua del barranco del Poyo al río Turia, porque el nuevo cauce ya llevaba unos caudales muy importantes». La Confederación apuesta ahora por «mejorar la capacidad de desagüe del barranco del Poyo aguas debajo de la A-3». El proyecto «está redactado» y pendiente de la evaluación coste-beneficio.
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Como reconoció este jueves Javier Machí, decano de la demarcación de Valencia del Colegio de Ingenieros de Caminos en el X Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, «si se hubieran realizado actuaciones previstas que tenían ya la aprobación medioambiental se hubiesen salvado vidas».
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