Un año después, el pasado marzo, la titular de este departamento, Pilar Llop, anuncia el comienzo de los trabajos para un texto integral contra la trata sin mencionar el otro proyecto, a lo que desde Igualdad se limitan a contestar que han hecho los deberes y se pregunte al socio por el segundo borrador.
El conflicto que late es el de la prostitución: para el PSOE, abolicionista, hay que castigar al cliente de la prostitución; para Unidas Podemos, regulacionista, «abolir es utópico» y hay que tejer un protocolo socioeconómico que dé herramientas a las víctimas.
En la última Comisión de Igualdad, dos portavoces parlamentarios nada sospechosos de no ir de la mano del Gobierno en este y otros asuntos, Pilar Vallugera (ERC) y Joseba Agirretxea (PNV) interrogaron a la ministra Irene Montero sobre por qué había presentado 24 horas antes un plan antitrata -llamado plan Camino- si aún no se tenía una ley aprobada y por qué se habían enterado de ello por un anuncio en Instagram de Igualdad.
Los diputados cuestionaron el desaguisado: se ultiman dos leyes por separado en vez de una colegiada en el Ejecutivo; y se pretende regularizar a las mujeres sin reformar previamente la Ley de Extranjería. Según el INE, hay 90.000 víctimas de trata en nuestro país.
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