Dos leyes contra la trata evidencian el enésimo choque entre PSOE y Unidas Podemos

El malestar que ha ocasionado el tuit y nota de prensa de la ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado martes en el departamento de Irene Montero es más que notable. Llop anunció que «Justicia avanza en la elaboración de una ley integral contra la trata de seres humanos» y lo va a hacer, escribió la ministra socialista, «con perspectiva de género». Ley integral contra la trata , sin mención al texto que ya ha elaborado Igualdad y que lleva cogiendo polvo desde el pasado mes de diciembre. Y pulla incluida de Llop con la «perspectiva» porque Podemos y PSOE están a años luz de su planteamiento contra la prostitución. De hecho, Igualdad incluye entre sus artículos la no devolución de las víctimas extranjeras en situación irregular a sus países, la no exigencia de que la prostituta colabore con la Policía, o la búsqueda de puertas de salida para las víctimas, algo que pone en dificultades al PSOE en el Gobierno.

En su comunicado, la ministra Llop revela que aprueba la orden para que se constituya una sección especial de la Comisión General de Codificación y que sea la encargada de elaborar y presentar una propuesta antes del próximo 30 de mayo. La pregunta que inevitablemente se hicieron en el otro departamento, en manos de Podemos, es si será compatible esta ley con la suya, o son textos que caminan en paralelo.

Otra diferencia que habla por sí sola entre los dos planes ministeriales es que el texto de Igualdad se enfoca hacia la «trata con fines de explotación sexual» y la persecución de la industria proxeneta, lo que en el caso de Justicia no se especifica, puesto que para Llop es necesaria una «ley integral contra todos los tipos de trata» y centrado en respetar la voluntad de las víctimas. En resumen, para Igualdad no existe la prostitución voluntaria, para el PSOE puede producirse el caso. Fuentes de Justicia reprodujeron ayer que su ley «tendrá un alcance general para atender a las víctimas de todo tipo de trata con una perspectiva de defensa de los derechos humanos y de género», tal y como tuiteó Llop. «Tendrá en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores», advierte Llop, extremos que habría ninguneado Igualdad.

El enfrentamiento entre ministerios no es baladí, puesto que no ha habido ni un solo texto legislativo del equipo de Montero que no haya encontrado las resistencias de los juristas. La ‘ley del sí es sí’, primero, la ‘ley Trans’, para los derechos LGTBi y ahora la de Trata. Unas tuvieron que ser depuradas por el departamento de Juan Carlos Campo , antes, y ahora de Llop. Sonada fue la negativa de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , porque los articulados de Igualdad «no tenían encaje jurídico y anulan a las mujeres».

Llop, que también fue delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, mantiene el pulso con la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que recientemente comunicó que ya tenían listo el texto, con fines de explotación sexual, y que en el mes de enero de 2022 se le entregó a Justicia para su negociación con el fin de luchar conjuntamente « contra la industria proxeneta y garantizar los derechos de las mujeres» en contextos de prostitución. Fuentes del Ministerio de Igualdad defienden que, además, se llevó a cabo una consulta pública previa.

El choque de competencias no es óbice para que tenga que haber una perfecta sincronía en la elaboración de este tipo de normas entre los dos departamentos. La fricción es la continuación del episodio vivido recientemente en el Parlamento, cuando PSOE y sus socios morados pactaron ir de la mano para consensuar normas como esta y los socialistas presentaron una enmienda por su cuenta a la ‘ley del sí es sí’ para «abolir la prostitución».

Ayer no era el día de Irene Montero con los jueces. Algunos interpretaron sus palabras en el Congreso como un dardo a su compañera de sillón azul: «Necesitamos construir una justicia feminista», dijo. Montero disparó también al órgano de gobierno, el CGPJ, por acumular un retraso de más de dos meses y medio en el informe preceptivo sobre la ‘ley Trans’, una demora que es «inconstitucional», a juicio de Igualdad, que impide que continúe su tramitación parlamentaria.