La juez fija fecha para el desahucio de las exmonjas de Belorado

Un planteamiento en el que han incidido los abogados de las exreligiosas, Florentino Aláez Serrano y Enrique Garcia de Viedma (hermano de la exabadesa, Laura García de Viedma), que en un comunicado han precisado «que el lanzamiento señalado sólo tiene lugar si la parte demandada no se presenta a la vista, o si la sentencia que se dicte es condenatoria y no se recurre, como dice expresamente el precepto legal aplicable».

«Por tanto, incluso si hubiere sentencia condenatoria, el lanzamiento en esa fecha no podrá tener lugar. Ello sin perjuicio del resultado de otros trámites procesales intermedios sobre prejudicialidad y acumulación de autos, aún pendientes en estos momentos y que pueden influir en el transcurso de los autos», explican en el texto los dos abogados. En ese sentido, añaden que los plazos legales para recurrir la sentencia, una vez que sea notificada, también hace imposible que el lanzamiento se produzca en la fecha indicada en el auto de la juez, que sólo sería efectiva en el caso si las denunciadas no acuden a la vista previa, lo que parece descartado a raíz del comunicado.

Noticia Relacionada

En el restaurante de las exmonjas de Belorado

José Ramón Navarro-Pareja

Es la segunda vez que la juez de Briviesca fija fecha para la vista previa y el lanzamiento tras admitir el pasado noviembre la demanda de desahucio presentada por el comisario pontificio el arzobispo de Burgos, Mario Iceta-, quien desde el pasado junio, ostenta la representación legal de los monasterios. Entonces, el escrito concedía un plazo de diez días para contestar la demanda. Además, fijaba una vista para el 19 de diciembre de 2024 y señalaba «el 23 de enero de 2025 para la práctica del lanzamiento, en el caso de no comparecer el demandado en legal forma».

Sin embargo, la vista previa tuvo que ser aplazada al no poderse completar la notificación a dos de las exreligiosas, que no se encontraban viviendo en Belorado, sino en Orduña, que es provincia de Vizcaya, lo que retrasó su localización, al tener que ser tramitada a través de la Administración de Justicia de esa provincia. «No abrir la puerta o no estar presentes cuando llega la citación para el juicio es una estratagema muy común en los okupas para tratar de retrasar su desalojo», han explicado a ABC varios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, encargados de este tipo de procedimientos.

También en ese espacio de tiempo, se conocía que una de las exclarisas demandadas, Adriana Gil Altares, conocida en su etapa de religiosa como sor Adriana, quien «harta de todo» había abandonado Belorado para ir a vivir con su familia, se había personado ante la instancia judicial para «manifestar su conformidad con la demanda de desahucio». «Técnicamente, se ha allanado a la demanda, que es cuando la persona demandada acepta voluntariamente lo que se le está solicitando», concretaba un experto a este medio.

De esta forma, y con la salida previa de la que había sido vicaria general, sor Paz, durante el verano, la demanda de desahucio sigue activa contra ocho de las diez exclarisas excomulgadas, aunque tres de ellas -sor Sión, sor Myryam y sor Alma- residen en estos momentos en Arriondas, donde están al frente del 'restaurante de clausura' que abrieron al público la semana pasada.

Además, el pasado 21 de febrero, las exreligiosas sufrían un nuevo revés en su estrategia de retrasar los desahucios cuando la jueza desestimaba la demanda de las exclarisas que pretendían suspender el proceso de desalojo hasta que se resolviera la demanda que interpusieron contra el nombramiento del comisario pontificio. Un nombramiento que ellas no han reconocido desde un principio y alegaban que suponía una intromisión del derecho canónico en el ordenamiento legal del Estado español. Su argumento es que si este nombramiento no era válido, tampoco tendrían validez las demandas de desahucio que el comisario pontificio ha iniciado para cada uno de los tres monasterios (Belorado, Derio y Orduña) que él representa.

Sin embargo, la jueza de Briviesca desestimaba «la prejudicialidad pretendida por la defensa de las exreligiosas», según explicaba la oficina del comisario pontificio en un comunicado de prensa. Según el mismo texto, «el auto anteriormente citado ha rechazado la petición de vinculación de la demanda interpuesta contra el comisario pontificio por las exreligiosas, con la demanda de desahucio del monasterio de Belorado». «Por tanto, el procedimiento de desahucio sigue su curso legal», concluía la comunicación.

Según ha recordado la oficina del comisario pontificio, el encargado por el Papa Francisco para la gestión de los monasterios, «este procedimiento no afecta a las cinco monjas que no han participado del cisma, y que conforman actualmente la comunidad monástica de Belorado».

Señalan, además, que «estas religiosas, dada su avanzada edad y delicado estado de salud, han sido desde el primer momento objeto de especial preocupación por parte del Comisario Pontificio y la Comisión Gestora». En ese sentido, destacan que «la atención y cuidados que precisan serán inmediatamente asumidos por la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen, tan pronto como sea posible acceder al monasterio».